El Concejo Deliberante de la Capital alista una sesión en la que se depurarán ordenanzas previas al retorno de la democracia: se trata de un paquete de 938 normas que fueron sancionadas entre 1976 y 1983. «Es una suerte de higiene legislativa», graficó el concejal radical Gustavo Cobos, presidente de la comisión especial de Digesto Jurídico.
El edil participó de una reunión con el titular del Concejo Deliberante, Fernando Juri, y el resto de sus pares con el propósito de unificar criterios y acelerar el tratamiento en el recinto de la primera etapa del Digesto Jurídico municipal. La idea es sistematizar y ordenar la normativa vigente de la ciudad
«El Digesto Jurídico es una herramienta fundamental para compilar, depurar y organizar las ordenanzas de la ciudad, facilitando el acceso a la información legislativa para los ciudadanos y mejorando la transparencia en la gestión pública», amplió Juri.
Buscan consensos antes del debate en el recinto
Antes de la sesión, las comisiones permanentes de trabajo del Concejo deberán dar dictamen para la caducidad de las ordenanzas que se consideran ya inapropiadas o sin sentido. «Hemos estado trabajando en las ordenanzas del 76 al 83 para poder limpiar, hacer una limpieza de ordenanzas e ir reduciendo la cantidad de papeles con los cuales vamos a trabajar. Estamos hablando de 938 ordenanzas, de las cuales el 70% aproximadamente pedimos que sean consideradas caducas, porque han cumplido su objetivo o ha vencido el plazo por el cual han sido dictadas», detalló Cobos.
Recordó que hay normativas vinculadas a cambios en los organigramas, a los sentidos de las calles, a aumentos en la tarifa de los colectivos que ya perdieron utilidad. «La figura que corresponde, y es la que también se usa a nivel provincial, es la caducidad. Ya se enviaron a las comisiones permanentes para que emitan los dictámenes pidiendo la caducidad de las ordenanzas con la idea de llegar a sesión el jueves», añadió.
La particularidad del sistema legislativo municipal en San Miguel de Tucumán es que, tras el retorno de la democracia, se volvió a contar desde el número uno a cada ordenanza sancionada. Así, en esta primera etapa se declararán caducas ordenanzas dispuestas durante la dictadura militar. Luego se avanzarán con las de los años previos y las posteriores al ’83, que son aproximadamente 5.500. «Esta circunstancia ofrece una ventaja metodológica: permite trabajar sobre un universo cerrado de normas, con numeración propia y delimitada. Depurar este primer bloque, dejando en pie únicamente las que se encuentran vigentes o que se presumen vigentes, constituye un paso esencial de higiene legislativa», profundizó Cobos.
Y concluyó: «San Miguel de Tucumán tiene miles de ordenanzas acumuladas, muchas superpuestas o contradictorias. Con el Digesto estamos ordenando esa historia. La ciudadanía necesita normas claras, y eso es lo que estamos garantizando».
