La ejecución patrimonial ordenada por el Tribunal Oral Federal N°2 en el marco de la causa Vialidad marca un hito judicial: Cristina Kirchner y Lázaro Báez perderán más de 100 propiedades como parte de la condena por corrupción en la obra pública de Santa Cruz. El decomiso alcanza 20 inmuebles vinculados a la expresidenta y 84 propiedades escrituradas a nombre de Báez, con un valor total estimado en $684.990 millones.
¿Qué bienes perderá Cristina Kirchner?
Entre los inmuebles que serán ejecutados figuran:
- Hotel Los Sauces Casa Patagónica, en El Calafate, considerado el más lujoso de la familia Kirchner.
- Complejo de departamentos en Río Gallegos, construido por Báez para la inmobiliaria familiar.
- Terrenos y casas en El Calafate, cedidos a Máximo y Florencia Kirchner.
- Once departamentos en Mitre 535, adquiridos por Néstor Kirchner en 2007.
- Inmuebles en 25 de Mayo 255 y Presidente Néstor Kirchner 490, también en Río Gallegos.
- Parcelas en Punta Soberana, involucradas en permutas con Báez para ampliar el hotel boutique.
La interconexión económica entre Kirchner y Báez fue clave en la maniobra defraudatoria, que incluyó sobreprecios, cartelización y pagos anticipados en contratos de obra pública.
¿Qué bienes perderá Lázaro Báez?
El ex contratista de Austral Construcciones perderá:
- Chacra 39, en Río Gallegos, con cancha de fútbol, gimnasio, jacuzzi y sistema de seguridad.
- Estancia Los Gurises y más de 30 estancias allanadas por la Justicia.
- Casas, departamentos, terrenos y clubes deportivos en Santa Cruz y otras provincias.
- Más de 40 propiedades ya ejecutadas por el juez Néstor Costabel en la causa Ruta del Dinero K.
Entre 2010 y 2013, Báez adquirió 1.412 bienes, muchos de ellos en suelo patagónico, en el período de mayor expansión de su patrimonio.
¿Qué hará la Corte Suprema?
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, como titular de los bienes recuperados, podrá:
- Asignar los inmuebles a damnificados directos o indirectos.
- Destinar recursos a la ciudadanía santacruceña, especialmente en propiedades localizadas en la provincia.
- Ejecutar el decomiso como reparación del daño social y como parte de la política pública de recuperación de activos de la corrupción.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso remarcaron que el decomiso tiene una función reparadora y busca enviar un mensaje claro a la sociedad sobre el recupero de bienes obtenidos ilícitamente.
