Una denuncia penal presentada ante la Justicia Federal pide investigar a la senadora Patricia Bullrich, a su hijo Francisco Langeri Bullrich y al empresario Fernando Goijman por presuntos delitos de evasión tributaria, lavado de activos y asociación ilícita, en el marco del manejo de la cadena gastronómica Tostado Café.
La presentación fue realizada por el abogado Gregorio Dalbón y apunta a un supuesto entramado societario que habría sido diseñado para ocultar el verdadero origen de fondos vinculados a la expansión de la marca, que hoy cuenta con más de 70 locales en Argentina y presencia en el exterior.
Según el escrito judicial, Francisco Langeri Bullrich figura como socio en las firmas Tostado Franquicia S.A. y Tostado Branding S.A., compañías que protagonizaron un rápido crecimiento económico que, de acuerdo a la denuncia, “no encuentra una explicación razonable en antecedentes comerciales, capital inicial ni financiamiento bancario verificable”.
Dalbón sostiene que la expansión de la cadena se produjo en un lapso breve, alcanzando un valor económico estimado en millones de dólares, sin información pública clara que permita determinar el origen de los fondos utilizados para abrir de manera simultánea o sucesiva numerosos locales gastronómicos.
La denuncia también se apoya en investigaciones periodísticas que señalan la existencia de múltiples sociedades comerciales, algunas con domicilios coincidentes o vinculados a inmuebles asociados a la senadora Bullrich. En ese marco, se menciona una propiedad ubicada en la calle Beruti 3822, en la Ciudad de Buenos Aires, que tendría relevancia patrimonial y fiscal dentro del esquema investigado.
“El entramado societario se encontraría fragmentado en diversas firmas, lo cual podría responder a una estrategia deliberada de atomización destinada a dificultar el control fiscal, contable y patrimonial”, advierte el texto presentado ante la Justicia.
Otro de los puntos señalados es que algunas de las empresas involucradas habrían registrado cheques rechazados por falta de fondos, una situación que, según la denuncia, contrasta con la magnitud económica del grupo y podría ser indicio de desmanejos financieros, subfacturación o simulación de solvencia.
Además, el escrito remarca que el grupo empresario tendría operaciones en países como España, Estados Unidos, Brasil y Uruguay, lo que incrementa la complejidad del análisis y obliga a investigar posibles transferencias internacionales de dinero.
Respecto al rol de Patricia Bullrich, la denuncia aclara que el vínculo familiar no implica por sí solo reproche penal alguno. Sin embargo, subraya que su posición institucional exige extremar los recaudos de investigación para descartar cualquier situación de conflicto de intereses, utilización de influencias, favorecimiento indebido o tolerancia estatal frente a eventuales irregularidades de significativa envergadura.
Entre las medidas de prueba solicitadas, Dalbón pidió allanamientos, secuestro de documentación societaria y contable, informes a la Unidad de Información Financiera (UIF), a la Inspección General de Justicia (IGJ) y a organismos fiscales, además de la citación a declaración indagatoria de los denunciados.
La causa quedó radicada, por sorteo, en el Juzgado Federal a cargo de Ariel Lijo, con intervención de la fiscal Alejandra Mángano, quienes deberán definir si se impulsa formalmente la investigación.
