Una presentación judicial sacude al Ministerio de Desregulación. Los abogados de la agrupación RESET Republicano denunciaron penalmente al ministro Federico Sturzenegger y a otros funcionarios nacionales. La acusación apunta a presuntos delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones incompatibles con la función pública. El eje del conflicto es un contrato millonario adjudicado a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, donde la esposa del ministro es directiva.
Un contrato de 114 millones bajo la lupa
La denuncia cuestiona una contratación directa realizada en enero de 2026. La Cancillería adjudicó a la mencionada asociación la capacitación en inglés de su personal por un total de $114.044.133. Aunque el acto administrativo detectó un «vínculo positivo» entre María Josefina Rouillet (esposa de Sturzenegger) y el ministro, el proceso siguió adelante.
Los denunciantes sostienen que se omitieron pasos clave de transparencia. Según el Decreto 202/2017, estos casos deben publicarse obligatoriamente en el sitio web de la Oficina Anticorrupción (OA). Sin embargo, los abogados aseguran que el caso no figura en el buscador público de la entidad. Esta falta de publicidad habría impedido el control social sobre posibles conflictos de interés.
Los funcionarios señalados
La denuncia no solo alcanza a Sturzenegger. También apunta contra:
- Alejandro Melik (titular de la OA).
- Leopoldo Giupponi (Director Nacional de Ética Pública).
- María Cristina Dellepiane (subsecretaria de la Cancillería).
Para los abogados, existe un «desvergonzado uso de lo público en beneficio personal». Sostienen que el ministro Sturzenegger podría haber intervenido para beneficiar a la organización que dirige su esposa. Además, la presentación pide investigar si Rouillet actualizó sus declaraciones juradas tras la designación de su marido en el gabinete de Javier Milei.
Posibles delitos y medidas de prueba
La presentación judicial encuadra los hechos en figuras del Código Penal que sancionan el beneficio propio o de terceros en contratos estatales. Los denunciantes solicitaron una pericia técnica sobre la web de la Oficina Anticorrupción. Buscan confirmar si la omisión de los registros fue intencional para ocultar la operación.
