El gobierno de Entre Ríos denunció este martes el hallazgo de dispositivos de grabación de audio y video ocultos en distintas dependencias oficiales, entre ellas la oficina del gobernador Rogelio Frigerio y la Secretaría General de la Gobernación. Ante la gravedad del hecho, la administración provincial presentó una denuncia penal y dispuso el inicio de una investigación administrativa interna.
La situación fue confirmada a través de un comunicado oficial, en el que se calificó el episodio como “un delito grave” que atenta contra “la institucionalidad, la privacidad, la seguridad y el normal funcionamiento de las autoridades democráticamente electas”.
Desde el Ejecutivo entrerriano remarcaron que la investigación buscará determinar quiénes fueron los responsables, cuánto tiempo permanecieron instalados los dispositivos y qué uso se hizo de la información obtenida. “Hace más de un año que la provincia decidió cambiar de rumbo: terminar con las mafias, con los sótanos del poder y con los mecanismos ilegales que operaban en las sombras. No vamos a mirar para otro lado. No vamos a encubrir. No vamos a relativizar”, señalaron.
El propio Frigerio se expresó públicamente a través de su cuenta en la red social X, donde ratificó la denuncia y reafirmó su postura frente al hecho. “En Entre Ríos se terminaron las prácticas oscuras del pasado. La transparencia, la legalidad y la libertad no se negocian”, escribió el mandatario, y agregó: “No nos van a frenar en los cambios y transformaciones que iniciamos en diciembre de 2023”.
El episodio generó un fuerte impacto político. Poco después de conocerse la denuncia, el PRO manifestó su respaldo al gobernador mediante un comunicado publicado en redes sociales. “Estos hechos son gravísimos y nos remiten a las peores prácticas del pasado. Nuestro total respaldo a Rogelio Frigerio por denunciar el espionaje ilegal y avanzar con las investigaciones. En democracia no hay lugar para operaciones, aprietes ni estructuras clandestinas. Que la Justicia investigue y sancione a los responsables”, expresaron desde el partido.
Mientras avanza la investigación judicial, el caso abre un nuevo frente de tensión institucional y pone en el centro del debate la utilización de mecanismos ilegales de espionaje en ámbitos del Estado provincial.
