Los recientes allanamientos en el “Bajo” de San Miguel de Tucumán destaparon una controversia que mezcla lucha contra la trata, cesión estatal y tensiones comerciales. Los locales intervenidos por la Policía Federal —ubicados en Pasaje Sargento Gómez al 60— fueron sido cedidos por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a la Fundación María de los Ángeles, presidida por Susana Trimarco, madre de Marita Verón.
El inmueble de Pasaje Sargento Gómez 60, cuando fue desbaratado el prostíbulo.
Según crónicas judiciales, esos inmuebles funcionaron como prostíbulos años atrás. Tras ser decomisados por causas de trata de personas, fueron entregados a la Fundación con el objetivo de darles un destino de “utilidad pública”.
La Acordada 2/2018 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para la asignación de los inmuebles.
El conflicto: alquileres millonarios y denuncias cruzadas
La tensión surgió cuando los inquilinos de los locales —comerciantes del rubro mayorista— recibieron una presunta notificación de aumento en el alquiler de 3 a 6 millones de pesos mensuales. Ante la negativa de los locatarios, Susana Trimarco habría denunciado la presunta venta de mercadería ilegal, lo que derivó en los allanamientos.
Lo que sigue, podría recaer en un escándalo judicial y que trasciende la provincia. Se dieron a conocer supuestos audios en donde una mujer, que sería Susana Trimarco, reclama la deuda a los presuntos comerciantes.
Escuchá el audio que podría derivar en un verdadero escándalo:
Uno de los audios donde supuestamente se escucha a Susana Trimarco «cobrando» el alquiler del inmueble que le otorgó la AABE.
¿Se desvió el uso social de los inmuebles?
La polémica escaló en redes sociales. Si se confirma que los locales fueron cedidos por la AABE para fines sociales, el alquiler comercial podría contradecir el espíritu de la cesión. La Fundación María de los Ángeles aún no emitió un comunicado oficial, y se espera que la AABE también se pronuncie para aclarar el destino legal y operativo de los inmuebles.
En el siguiente audio se escucha a la aparente comerciante que explica que un abogado de la Fundación la obligó a mentir ante un control de la Agencia de Administración de Bienes del Estado:
En otro audio, se escucha aparentemente a Susana Trimarco exigiendo el pago de dinero adeudado y amenazando con hablar con un Fiscal para allanar el inmueble. Finalmente, se jacta de haber luchado contra «La Chancha» Ale y no tener miedo:
Contestación a una carta documento enviada por la Fundación María de los Ángeles a la comerciante.
Chat de un presunto abogado de la Fundación coordinando el pago del alquiler del inmueble entregado por la AABE con fines de utilidad pública:
Finalmente, los inquilinos de los locales se presentaron en el Juzgado Federal con pruebas de audios, videos, mensajes de WhatsApp y transferencias de dinero presuntamente realizadas a Trimarco.
¿Y ahora qué?
El caso pone en jaque la transparencia en el uso de bienes públicos cedidos para fines sociales. La figura de Susana Trimarco, símbolo de lucha contra la trata, queda envuelta en una controversia que podría escalar judicialmente y trascender Tucumán. La presentación de pruebas por parte de los comerciantes —audios, videos, transferencias y chats— obliga a la Fundación María de los Ángeles y a la AABE a dar explicaciones claras.
Mientras tanto, el silencio institucional alimenta las sospechas y deja abierta una pregunta incómoda: ¿puede una causa noble justificar prácticas que contradicen su esencia?
La respuesta, quizás, no esté solo en los tribunales, sino en el compromiso público con la verdad.
