El Gobierno de Tucumán lanzó una advertencia letal hacia la Casa Rosada. El ministro de Economía, Daniel Abad, aseguró que hará «todo lo posible» para evitar el cierre de fábricas en la región. Según el funcionario, la apertura indiscriminada de la economía pone en riesgo directo la estabilidad de la provincia. «Esto significa poner en peligro la paz social», sentenció tras reunirse con los popes industriales del NOA y NEA.
El «dumping» asiático contra el taller tucumano
La preocupación no es solo teórica, sino que tiene nombres propios: China, India y Pakistán. Abad denunció que estos países subsidian sus productos para invadir mercados alternativos ante las trabas de Estados Unidos. En consecuencia, la industria metalúrgica y la textil en Tucumán enfrentan una competencia «absolutamente desleal».
El ministro fue tajante al describir la situación como un bombardeo. Mientras las potencias asiáticas protegen su producción, el Norte Grande sufre la ausencia de precios de referencia. Por este motivo, el sector privado local se encuentra desprotegido frente a valores de importación imposibles de igualar.
UNINOA: Un bloque contra el olvido porteño
Jorge Rocchia Ferro, titular de la Unión Industrial de Tucumán, decidió reflotar la UNINOA. Este bloque une a las diez provincias del norte para reclamar por las «asimetrías estructurales» que la Nación ignora. Los industriales tucumanos recordaron que están lejos del puerto y tienen escalas más chicas. Sin embargo, el Gobierno nacional todavía no envió ninguna respuesta formal a sus pedidos.
La parálisis textil y el espejismo minero
La crisis ya muestra números rojos en la región. Carlos Muiá, presidente de la Unión Industrial de Catamarca, reveló que el sector textil hoy está paralizado al 50%. Además, lanzó una advertencia sobre la minería: puede traer dólares, pero no genera los puestos de trabajo que el norte necesita para sobrevivir.
Por lo tanto, los gobernadores y empresarios del Norte Grande iniciarán una gira por cada provincia. Buscan consolidar un frente común que obligue a la Nación a dar certidumbre. El mensaje es claro: si la industria cae, el costo social lo pagará todo el país.
