La situación económica golpea con fuerza a las farmacias de Tucumán. Actualmente, el sector enfrenta una crisis financiera debido a los graves retrasos en los pagos de las obras sociales. Verónica Pastoriza, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Tucumán, advirtió que el escenario es crítico, especialmente por la deuda que mantiene el PAMI.
Deudas que asfixian al comercio local
«No están siendo momentos fáciles para nosotros», afirmó Pastoriza. Según la representante, el PAMI arrastra tres períodos vencidos en todo el país. Esta demora impacta directamente en la caja de las farmacias tucumanas. Como consecuencia, los propietarios tienen dificultades para cumplir con los pagos a las droguerías.
Además, el problema no se limita a la obra social de los jubilados. Otras entidades también registran retrasos en sus liquidaciones. Sin embargo, los farmacéuticos mantienen el servicio para no perjudicar a los pacientes, quienes consumen un alto volumen de medicamentos diariamente.
El peligro de la venta ilegal en kioscos
Por otro lado, el Colegio denunció el crecimiento de la venta ilegal de fármacos. Muchos medicamentos se comercializan en kioscos o por internet sin ningún control profesional. Entre los productos más vendidos de forma ilícita se encuentran anticonceptivos y psicofármacos.
Pastoriza señaló que esta práctica representa una competencia desleal. No obstante, lo más preocupante es el riesgo para la salud pública. «Se ha naturalizado el consumo sin indicación médica», lamentó la profesional. A pesar de las denuncias presentadas, la oferta ilegal continúa en las calles y en las redes sociales.
Salud mental y cambios en el consumo
En cuanto al abastecimiento, las farmacias informaron que la provisión es normal en el circuito legal. Sin embargo, detectaron un cambio alarmante en los hábitos de los tucumanos. Existe un aumento sostenido en el uso de medicamentos vinculados a la salud mental.
«Como sociedad, estamos con muchos problemas de salud mental», observó Pastoriza. Por este motivo, el sector reclama políticas públicas urgentes. Es necesario atender las causas que impulsan este consumo y garantizar que el acceso a los psicofármacos sea siempre bajo supervisión profesional.
