El tribunal que investigó el asesinato del joven policía Víctor Emanuel Lazarte (22) en el barrio Juan Pablo I, a pocos metros de Las Piedritas, resolvió absolver a los cuatro imputados por falta de pruebas que acrediten su participación. Las juezas recomendaron al Ministerio Público Fiscal (MPF) explorar otras líneas investigativas mencionadas durante el juicio.
El hecho
El 10 de julio de 2023, Lazarte regresaba a su casa en motocicleta cuando fue interceptado por al menos cuatro personas que se desplazaban en dos rodados. Los delincuentes intentaron robarle la moto y, antes de huir, uno disparó, impactando en su tórax y provocando su muerte.
Esa misma noche y la madrugada del 11 de julio, la policía detuvo a 11 sospechosos. Finalmente, el fiscal Carlos Picón imputó a Rodrigo Villafañe (20), Agustín “Zapín” Tapia (20), José “Pinky” Vallejo (20) y Nahuel Suárez (22), quienes llegaron a juicio bajo la acusación de coautores del robo y homicidio.
El juicio y los alegatos
El debate oral comenzó el 27 de octubre de 2025. La Fiscalía y la querella pidieron prisión perpetua para los acusados, mientras que los defensores alegaron la falta de pruebas suficientes.
En sus últimas palabras, los imputados proclamaron su inocencia:
“Que se haga justicia. Que se encuentren a los verdaderos culpables para que el alma de Emanuel pueda descansar en paz”.
Los padres de la víctima también expresaron su dolor:
“Mi hijo era un chico con toda una vida por delante… Le arrebataron todos sus sueños”, dijo el padre.
“Mi hijo era honesto y trabajador… una parte de mí se fue con él”, agregó la madre.
Falta de pruebas determinante
Tras cinco horas de deliberación, las juezas Isolina Apás Pérez de Nucci, Isabel Méndez y Soledad Hernández explicaron que la Fiscalía no logró probar la coautoría de los acusados. Entre los elementos cuestionados enumeraron:
- Testimonios imprecisos que no identificaron a los imputados con certeza.
- Geolocalización de teléfonos y pericias de residuos de disparo no concluyentes.
- Falta de investigación sobre publicaciones en redes sociales que podrían haber aportado datos sobre los responsables.
“No hay prueba de que ustedes sean los coautores. La investigación seguirá para encontrar a los verdaderos culpables”, señaló la jueza Apás Pérez de Nucci a los familiares.
Denuncias de apremios ilegales
Antes de la absolución, Agustín Tapia denunció haber sido agredido por personal del Servicio Penitenciario sin motivo alguno. Su defensor, Javier Lobo Aragón, adelantó que pedirá una investigación exhaustiva:
“No se puede tolerar que un joven, privado de libertad injustamente, sufra este tipo de abusos”, afirmó.
