El fiscal Pedro Gallo, titular de la Unidad Especializada en Homicidios I, brindó un balance sobre la investigación del asesinato de Érika Antonella Álvarez, la joven de 25 años cuyo cuerpo fue hallado a principios de enero en El Manantial Sur. Tras la reciente detención de una empleada judicial, el Ministerio Público Fiscal (MPF) advirtió que las detenciones continuarán a medida que avancen las pericias científicas.
Actualmente, la causa cuenta con dos detenidos con prisión preventiva. El principal sospechoso es Felipe «El Militar» Sosa (50), capturado en Buenos Aires y sindicado como el autor material del homicidio. A él se suma Justina Gordillo (48), una empleada del Poder Judicial acusada de encubrimiento agravado, quien ayer recibió tres meses de prisión preventiva por entorpecer la investigación.
Una empleada judicial bajo la lupa
La situación de Justina Gordillo marca un punto de inflexión en el caso. Según el fiscal Gallo, en la audiencia realizada este martes 3 de febrero, el juez hizo lugar a todos los pedidos del MPF debido al «cúmulo de evidencias» que sugieren que la mujer utilizó su condición y recursos para favorecer al presunto asesino.
«Estamos trabajando sobre todas las líneas investigativas para descubrir en profundidad qué sucedió y quiénes más tuvieron intervención penal en este hecho tan grave», afirmó Gallo, destacando el despliegue del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y la Policía en una causa que calificó como de alta complejidad.
Los detalles del horror en Yerba Buena
La hipótesis fiscal sostiene que el crimen se produjo entre la madrugada del 7 y la mañana del 8 de enero de 2026 en Yerba Buena. Sosa habría atacado a Érika con una violencia física extrema, provocándole múltiples traumatismos cráneo-faciales y cervicales.
- El traslado: Tras el asesinato, el autor habría embolsado el cuerpo en tres bolsas de consorcio, aseguradas con nudos especiales, para luego trasladarlo en un vehículo hasta un basural en El Manantial Sur.
- La autopsia: Los informes preliminares confirmaron que la causa de muerte fue un traumatismo cráneo-facial y cervical, con lesiones compatibles con un mecanismo de violencia ejercido por un tercero.
El fiscal aseguró que se están realizando pericias técnicas y científicas con la «máxima celeridad» para identificar a posibles cómplices. El objetivo es que todos los involucrados reciban la sanción correspondiente por un crimen que mantiene en vilo a la sociedad tucumana.
