La Corte Suprema de Justicia de Tucumán resolvió poner en marcha este viernes la Oficina de Gestión Asociada (OGA) en la Cámara en lo Civil y Comercial Común del Centro Judicial Capital, un movimiento clave dentro del proceso de reorganización judicial que viene aplicando el alto tribunal desde hace dos años. La medida se implementará pese a la fuerte objeción planteada por el camarista Benjamín Moisá, quien advirtió sobre supuestas inconstitucionalidades y expresó su negativa a aplicar el sistema.
A partir del 5 de diciembre, la nueva Oficina de Gestión Asociada de Apelaciones en lo Civil y Comercial N°1 asistirá a las tres salas del fuero. La estructura dependerá de la Oficina de Coordinación Estratégica de Planificación y Gestión y de la Oficina de Gestión Judicial de la Corte, que supervisarán el proceso de puesta en marcha.
Miniferia y suspensión de plazos
Para habilitar el nuevo esquema, el Poder Judicial dispuso una miniferia y la suspensión de plazos procesales en las Salas I, II y III durante el 3 y 4 de diciembre, lo que permitirá realizar adecuaciones en el sistema SAE, migraciones informáticas y reorganizar el flujo de expedientes.
Además, la presentación de escritos quedó inhabilitada —salvo urgencias o amparos— desde el martes 2 a las 13 hasta el viernes 5 a la medianoche.
El documento oficial remarca que estos pasos son indispensables para adaptar todo el movimiento del fuero al nuevo formato de trabajo.
Qué hará la OGA
La OGA tendrá un rol central en la gestión del trámite judicial: recepción y distribución de causas, calendarización, soporte de audiencias, administración de agenda y coordinación operativa entre salas.
Según la Corte, el objetivo es “desformalizar procesos, optimizar recursos y mejorar la calidad del servicio”, replicando un modelo ya instalado en Familia, Trabajo y en la OGA Multifueros de Concepción.
La experiencia previa —afirma el Tribunal— demostró mejoras en tiempos, distribución de trabajo y eficiencia, y con este paso la gestión asociada abarcará prácticamente toda la segunda instancia no penal del Centro Judicial Capital.
La fuerte objeción del camarista Moisá
La implementación se anuncia pocos días después de que el camarista Benjamín Moisá presentara un extenso planteo ante el presidente de la Corte, Daniel Leiva, en el que rechazó íntegramente la aplicación de las OGA.
El magistrado sostuvo que el esquema “desplaza al juez como director del proceso”, lo consideró “manifiestamente inconstitucional” y afirmó que su juramento lo obliga a no aplicar normas que —según él— vulnerarían principios como la inmediación y el juez natural.
Incluso advirtió que la estructura prevista por la Corte genera una “superestructura de control” capaz de comprometer la independencia judicial. En un pasaje que generó fuerte repercusión puertas adentro, Moisá escribió: “Mi juramento no fue de obediencia a la Corte, sino a la Constitución”.
La Corte sigue adelante
Pese al planteo, el máximo tribunal resolvió avanzar sin modificar el cronograma ni el diseño funcional del sistema. Voces judiciales señalaron que la objeción individual de un magistrado no suspende una acordada y que el modelo está respaldado por ley y ya opera en otros fueros.
La puesta en marcha de la OGA implicará una reorganización integral del trabajo en la segunda instancia civil: digitalización del movimiento interno, redistribución de personal, centralización administrativa y unificación de criterios de gestión.
El propósito, destacan desde el Poder Judicial, es agilizar la agenda, reducir tiempos muertos y permitir que los jueces se concentren en las decisiones de fondo.
Con esta resolución, la Corte da un nuevo paso hacia la expansión total del sistema de gestión asociada en los fueros no penales. El interrogante ahora es cómo se procesará institucionalmente la resistencia expresada por Moisá mientras el nuevo esquema comienza a funcionar este viernes.
