La justicia federal dio un paso determinante para desarticular una de las estructuras de corrupción más cínicas de los últimos años. A través de un fallo masivo que supera las 300 páginas, el juez Sebastián Casanello procesó a 19 personas, entre exfuncionarios y empresarios, acusados de montar una asociación ilícita dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El documento judicial no es solo una sentencia, sino una radiografía minuciosa de un sistema de recaudación ilegal que operaba con una precisión alarmante.
La resolución describe un esquema donde la transparencia era inexistente. La maniobra comenzaba con la selección discrecional de proveedores «amigos», a quienes se les direccionaban las órdenes de compra mucho antes de que se completaran los pasos legales. Incluso, se detectaron remitos cargados en el sistema por mercadería que jamás ingresó a los depósitos del organismo, generando un perjuicio millonario al Estado.
Uno de los puntos más escandalosos del fallo es la descripción del circuito de pagos paralelo. Según la investigación, los funcionarios tenían el poder de agilizar las firmas para las empresas que formaban parte del retorno y, simultáneamente, «pisar» o demorar los expedientes de aquellos proveedores que no estaban alineados con la banda. Audios incorporados a la causa revelan la impunidad con la que se manejaban: la orden era clara, solo se pagaba a los «nuestros».
El juez Casanello hizo especial hincapié en la falta de trazabilidad del dinero. El uso de fajos de efectivo era una constante para evitar el rastro bancario en el pago de los sobornos. Para darle un marco de «legalidad» a estos movimientos, la organización utilizaba empresas pantalla como Profarma e Indecomm, sociedades inscriptas a nombre de prestamistas y terceros, pero controladas en las sombras por los verdaderos beneficiarios de la estafa.
El fallo también se apoya en una auditoría interna realizada tras la intervención del organismo, que detectó falencias estructurales y un desorden documental provocado para facilitar el delito. Con este procesamiento masivo, la causa entra en una etapa de definiciones, mientras se ordenan nuevas indagatorias para seguir la ruta de un dinero que debió llegar a los sectores más vulnerables y terminó en los bolsillos de una asociación ilícita.
