Pensado para frenar el narcotráfico, el Operativo Lapacho terminó dejando al descubierto otro circuito ilegal que crece sin pausa y se apoya en un viejo gris normativo: el tráfico de hojas de coca. Durante 2025, la Policía de Tucumán secuestró más de 16.000 kilos, casi un 300% más que el año anterior, con un valor estimado que supera los $1.500 millones y que podría ser aún mayor según el precio final de reventa.
El fenómeno expone una paradoja que la legislación argentina nunca resolvió. El consumo tradicional (coqueo) está permitido, pero la importación, el transporte y la comercialización están prohibidos, pese a que la planta no se produce en el país.
“Es un verdadero problema, pero debemos hacer cumplir las disposiciones vigentes”, explicó Fabio Ferreyra, responsable del plan de control fronterizo provincial. Esa indefinición, coinciden fuentes judiciales, alimenta un negocio que adopta métodos cada vez más similares al narcotráfico.
Tucumán, punto estratégico del circuito
Los números revelan la magnitud del entramado. Solo el martes pasado, y a partir de información confidencial, efectivos interceptaron dos camionetas con 600 kilos de hojas de coca que habían salido de Orán (Salta) e ingresado a Tucumán por La Candelaria.
En el balance anual, el 70% de la mercadería incautada provino de Salta y el 30% de Jujuy. Los mayores decomisos se registraron en Cabo Vallejo (8.334 kilos) y 7 de Abril (6.890 kilos), sobre las rutas nacionales 9 y 34. Colalao del Valle aparece como el tercer punto crítico, con más de 460 kilos secuestrados.
Un consumo que ya no es solo del NOA
Las cifras también desarman el mito de un consumo regional. El principal destino de la coca incautada fue Buenos Aires (6.630 kilos), seguido por Tucumán (6.097) y Córdoba (1.290). En total, se detectaron envíos hacia 14 de las 24 provincias del país.
“Estamos ante organizaciones que montaron una estructura completa”, sostuvo Ferreyra. El primer eslabón está en Bolivia, donde la producción es legal; luego la mercadería cruza de manera clandestina hacia Salta y desde allí se distribuye al resto del país, con Tucumán convertido en un nodo logístico central.
Infracción, multa y destrucción
Desde el punto de vista legal, las hojas de coca constituyen material de contrabando. En la mayoría de los casos, el transporte deriva en una infracción administrativa, con acta y multa. Por limitaciones operativas, solo se judicializa a reincidentes o a quienes integran estructuras de gran escala.
La normativa ordena la destrucción por quema, aunque en muchos casos la mercadería queda inutilizada al secarse durante el acopio.
Rutas, encomiendas y sellos: el espejo del narcotráfico
Las similitudes con el narcotráfico son cada vez más evidentes. La principal vía de traslado es la encomienda (más de 9.500 kilos en 2025), seguida por camionetas (1.900) y los llamados tours de compra (1.796). Las rutas coinciden: la Ruta de los Valles y las nacionales 9 y 34.
Incluso el embalaje muestra señales de organización: muchos paquetes llevan sellos identificatorios con nombres, que investigadores asocian a productores o a calidades del producto.
“Muchas veces nos critican, pero es una actividad ilícita que debe combatirse”, remarcó Ferreyra.
Un negocio difícil de dimensionar
Ponerle precio al circuito no es sencillo. En Bolivia, el kilo ronda los $14.500; para la Aduana argentina, el valor de aforo es de $45.725, lo que llevaría lo secuestrado a unos $737 millones. Pero en el mercado informal los precios se disparan.
El cuarto de kilo promedia los $24.000 (es decir, $96.000 el kilo), mientras que presentaciones de 40 o 45 gramos se venden a $4.000. En Salta y Jujuy, los 250 gramos se ofrecían a $13.000; en Buenos Aires, hasta $45.000.
“Influyen la distancia, el riesgo y el dinero para sortear controles; manda la oferta y la demanda”, explicó el bagayero Juan Carlos Jiménez.
Con esos valores, la coca incautada en Tucumán podría haber generado más de $1.600 millones si se fraccionaba en unidades pequeñas. Especialistas advierten que lo secuestrado representaría solo el 30% de lo que efectivamente circula. A eso se suma un dato clave: no tributa impuestos, profundizando un circuito ilegal que el Operativo Lapacho dejó al descubierto.
