La Justicia Federal de Tucumán ordenó el congelamiento de criptoactivos y un amplio paquete de bienes en el marco de una investigación por presunto lavado de activos que tendría conexiones internacionales y posibles vínculos con la organización criminal brasileña Comando Vermelho.
La medida fue dispuesta por el juez federal N°1, José Manuel Díaz Vélez, a pedido del Ministerio Público Fiscal, en una causa que se inició tras una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). La investigación es impulsada por el fiscal federal N°2, Agustín Chit.
Una operatoria millonaria bajo la lupa
Según la hipótesis fiscal, un grupo de personas habría canalizado fondos de origen ilícito —entre ellos, presuntamente vinculados a la narcocriminalidad— mediante una estructura financiera compleja que combinaba el uso de billeteras virtuales, exchanges de criptomonedas, plataformas digitales y entidades bancarias tradicionales.
Los movimientos detectados superan los 190 millones de USDT, la criptomoneda estable conocida como “criptodólar”. Los investigadores advirtieron inconsistencias entre el volumen de las operaciones registradas y el perfil patrimonial y fiscal de los involucrados, lo que fortaleció las sospechas sobre el origen de los fondos.
La maniobra, de acuerdo con la acusación, incluía la recepción de activos digitales, su fragmentación y posterior diversificación a través de trading de criptomonedas, para luego redirigirlos hacia un beneficiario final.
El nexo internacional
En el centro de la investigación aparece el nombre de Marcelo Clayton Alves de Sousa, ciudadano brasileño que se encuentra prófugo y que enfrenta investigaciones tanto en Argentina como en Brasil por lavado de activos y delitos vinculados al narcotráfico.
Según la acusación fiscal, Alves de Sousa estaría señalado como uno de los responsables de canalizar fondos ilícitos presuntamente pertenecientes al Comando Vermelho, organización criminal con base en Brasil y proyección regional.
Bienes congelados y activos incautados
Como resultado del trabajo técnico, se confirmó el congelamiento de 208.693 USDT en direcciones digitales identificadas dentro de la maniobra investigada. Esos fondos quedaron incautados como depósito judicial mientras avanza el proceso penal.
Además, el juzgado ordenó medidas cautelares sobre:
- Ocho participaciones societarias (siete radicadas en el extranjero)
- Cuatro vehículos
- Cerca de 50 productos bancarios
- Diez inmuebles, varios de ellos fuera del país
La reconstrucción del circuito financiero fue posible gracias a la asistencia técnica de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) y de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), que analizaron información aportada por proveedores de servicios de activos virtuales y registros públicos de blockchain.
En línea con estándares internacionales
Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que las medidas adoptadas se encuadran en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que promueven el decomiso de bienes provenientes del delito y el fortalecimiento de las herramientas de investigación financiera, especialmente en el ámbito de los activos digitales.
La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas a medida que avance el análisis del entramado financiero.
