G.M.R., un empleado policial en funciones, protagonizó uno de los escándalos más graves en la historia reciente de la fuerza de seguridad tucumana. Entre abril de 2023 y abril de 2025, este agente tejió una red de engaños que le permitió recaudar más de $11.000.000. Su estrategia era simple pero efectiva: ofrecía el ingreso de familiares de las víctimas a la Policía de Tucumán, alegando tener contactos dentro del Ministerio de Seguridad.
El acusado repitió el mismo modus operandi en múltiples ocasiones. Se presentaba como intermediario confiable, solicitaba dinero y prometía resultados. Las víctimas, desesperadas por conseguir trabajo para sus seres queridos, entregaban sumas importantes sin sospechar que todo era una farsa.
La investigación fue llevada adelante por la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, bajo la dirección de Mariana Rivadeneira y con la participación de la auxiliar Mónica Torchan. Tras meses de trabajo, lograron probar que el acusado abusó de su rol como policía para inducir a error a las víctimas.
En la audiencia de juicio abreviado, G.M.R. aceptó su culpabilidad. El tribunal lo condenó a tres años de prisión condicional, le impuso reglas de conducta y lo obligó a reparar económicamente a las víctimas. Aunque estuvo tres meses detenido, no cumplirá pena efectiva.
La sentencia generó controversia: muchos cuestionan que un delito de tal magnitud no haya derivado en prisión efectiva. El acusado podría ser exonerado de la fuerza, pero aún no se confirmó esa medida.
