El 10 de marzo de 2025, cerca de las 10 de la mañana, Nahuel Pérez (23) ingresó a una farmacia ubicada en calle Ramón Simón al 700, en la ciudad de Aguilares. Allí exigió que le vendieran clonazepam, una medicación controlada que requiere receta médica. Ante la negativa de la empleada, el joven sacó una pistola y la amenazó.
El asalto fue violento y rápido. La víctima, temiendo por su vida, le entregó una caja de Alplax (medicación similar), $350.000 en efectivo y un teléfono celular perteneciente al local. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad del comercio.
El caso fue investigado por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos del Centro Judicial Concepción, a cargo de Héctor Fabián Assad. El Ministerio Público Fiscal, representado por la auxiliar Emilse Guevara, presentó un acuerdo de juicio abreviado con el imputado, quien reconoció su culpabilidad.
El juez interviniente homologó el acuerdo y declaró a Pérez autor penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego. La pena impuesta fue de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo.
“No se puede perder de el lugar del hecho. A plena mañana, en una zona concurrida, el sujeto entra armado y amedrenta a la víctima con total violencia”, sostuvo Guevara durante la audiencia.
El uso de clonazepam sin prescripción médica está prohibido, y su demanda ilegal ha generado situaciones de riesgo como la vivida en Aguilares. En este caso, la búsqueda desesperada de la droga derivó en un delito grave que terminó con una condena firme.
Además del daño económico, el episodio dejó secuelas emocionales en la víctima, que fue amenazada con un arma en su lugar de trabajo. La sentencia busca enviar un mensaje claro sobre las consecuencias penales de este tipo de hechos.
