La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) atraviesa una etapa clave para destrabar uno de los conflictos institucionales más prolongados de su historia. A la espera de la convalidación del Juzgado Federal de Catamarca, la casa de altos estudios busca avanzar en la definición de las obras vinculadas a la Ciudad Universitaria, en el marco de los convenios firmados con Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD).
Los acuerdos ya cuentan con el respaldo político e institucional necesario: fueron aprobados por la Legislatura de Catamarca, por el Consejo Superior de la UNT y por las partes firmantes. Sin embargo, su entrada en vigencia depende ahora del aval judicial, paso indispensable para que la Universidad pueda tomar decisiones concretas sobre el destino de los fondos.
Según explicó el rector Sergio Pagani, uno de los convenios apunta a cerrar definitivamente el juicio que la UNT mantenía por la recuperación del 40% de las utilidades de YMAD. El acuerdo fue presentado ante la Justicia federal a fines de diciembre de 2025 y establece un mecanismo inédito: la percepción de esos recursos no estará atada a un plazo temporal, sino a la ejecución de obra pública.
En ese sentido, se fijó como objetivo la construcción de 135.000 metros cuadrados destinados a la Ciudad Universitaria. La UNT recibirá el 40% de las utilidades de la empresa minera hasta alcanzar esa superficie. “La variable no es el tiempo, sino los metros cuadrados construidos”, aclaró Pagani, al señalar que el ritmo de ejecución dependerá directamente de la producción de YMAD.
Una vez cumplida esa meta, el esquema de distribución de las utilidades se modificará: el 40% se dividirá en partes iguales, con un 20% para la UNT y el otro 20% destinado al conjunto de las universidades nacionales del país.
El segundo convenio firmado contempla la salida del Gobierno nacional de la estructura de YMAD, donde hasta ahora ejercía la presidencia. El decreto correspondiente ya fue publicado y el entendimiento fue rubricado por la UNT, el Gobierno nacional y el Gobierno de Catamarca, lo que implica una reconfiguración institucional de la empresa minera.
Definiciones pendientes y contexto electoral
Pese a los avances, el rector remarcó que la Universidad aún no puede definir en qué se invertirán los fondos. Esa discusión quedará en manos del Consejo Superior una vez que la Justicia convalide los acuerdos. Allí se deberá establecer un nuevo concepto de Ciudad Universitaria o un listado de obras que reemplace al proyecto original.
El debate podría verse atravesado por el calendario electoral universitario. El próximo 20 de mayo, la UNT elegirá nuevas autoridades bajo un sistema de votación renovado. Pagani admitió que los tiempos judiciales serán determinantes: si el aval llega antes de los comicios, el tema podría ingresar en la agenda prioritaria del Consejo; de lo contrario, quedará para la próxima gestión. De todos modos, aseguró que se trata de una política institucional que tendrá continuidad más allá de los nombres.
Un conflicto histórico
Para las autoridades universitarias, los convenios representan un punto de inflexión tras décadas de disputas. El conflicto por la Ciudad Universitaria y el uso de los dividendos de YMAD se arrastra desde hace casi 70 años y tuvo como protagonistas a distintos gobiernos, a la provincia de Catamarca, a la empresa minera y a la UNT.
En ese marco, Pagani recordó que la Universidad ya definió su modelo de crecimiento. En 1964, el Consejo Superior resolvió que el desarrollo universitario debía darse en zonas urbanas, decisión que fue ratificada en la actualidad tras estudios históricos, urbanísticos y ambientales. Entre ellos, se evaluó el impacto que hubiera tenido el proyecto original en el cerro San Javier, lo que derivó en la decisión de preservar el parque Sierra de San Javier y descartar aquella iniciativa.
Mientras la definición judicial sigue pendiente, la UNT permanece a la espera de una resolución que le permita cerrar un capítulo histórico y avanzar, finalmente, en un nuevo esquema de desarrollo universitario.
