El Juzgado Federal N°1 de Tucumán citó a Esteban Leguizamo, director ejecutivo nacional del PAMI, y a Ernesto Iramain, titular de la UGL Tucumán, a prestar declaración indagatoria por el presunto incumplimiento de una medida judicial que garantizaba la entrega gratuita de medicamentos a afiliados.
Las audiencias fueron programadas para el 13 de noviembre, y se realizarán de manera remota desde las sedes de la Policía Federal Argentina en Tucumán y en la Ciudad de Buenos Aires.
La causa, identificada como Expediente N° 7024/2025, investiga si los funcionarios desobedecieron una orden judicial que suspendía resoluciones del organismo vinculadas al Plan Vivir Mejor, un programa que desde 2020 cubre al 100% medicamentos esenciales para jubilados y pensionados.
El origen del conflicto
La investigación comenzó tras una denuncia presentada por la Asociación Civil REDECU, que acusó a los funcionarios de «resistencia o desobediencia a funcionario público» por no cumplir la suspensión de las resoluciones N°2431/2024 y N°2537/2024 del PAMI.
Estas normas habían establecido nuevas restricciones para acceder a la cobertura total de medicamentos, imponiendo límites de ingresos, antigüedad de vehículos y propiedad de inmuebles.
El amparo colectivo presentado por la asociación buscaba restablecer la gratuidad plena, argumentando que las medidas afectaban derechos adquiridos de los jubilados más vulnerables.
Posibles delitos y sanciones
La Fiscalía Federal encuadra las conductas de Leguizamo e Iramain en dos tipos penales:
- Desobediencia judicial (art. 239 del Código Penal): sancionada con hasta un año de prisión por no acatar órdenes de un juez.
- Incumplimiento de deberes de funcionario público (art. 249): prevé multas e inhabilitación por omitir o retardar actos de oficio.
Además, los investigadores detectaron que afiliados del PAMI en Tucumán continuaban recibiendo coberturas parciales, pese a la vigencia de la medida cautelar que ordenaba mantener el beneficio total.
Ernesto Iramain, uno de los citados, es primo del ministro del Interior, Lisandro Catalán, quien lo designó al frente de la UGL Tucumán.
El Juzgado Federal indicó que, si los funcionarios no presentan defensa particular, se les asignará un defensor público.
De confirmarse el incumplimiento, la Justicia podría imponer sanciones y avanzar con un proceso penal por violar una resolución judicial firme.
