La investigación por el crimen de Érika Antonella Álvarez registró importantes avances este martes tras una serie de allanamientos realizados en Yerba Buena, donde efectivos de la División Homicidios secuestraron cinco camionetas, tres escopetas y diversos dispositivos electrónicos vinculados a la empresa de Felipe Sosa, principal y único acusado hasta el momento.
Las medidas fueron ordenadas por el juez de feria Lucas Taboada, a pedido del fiscal de Homicidios de feria, Carlos Picón, y se llevaron a cabo en oficinas del Group Sosa y en un galpón ubicado sobre la ruta provincial N° 301. Como resultado de los procedimientos, también se incautaron pendrives, cinco teléfonos celulares y una notebook, elementos que serán sometidos a peritajes en el marco de la causa.
“En el marco de la investigación por el homicidio de Erika Antonella Álvarez se concretaron estos allanamientos en la jurisdicción de Yerba Buena, donde se secuestraron cinco camionetas relacionadas al Grupo Sosa, cuyo presidente es la persona que se encuentra detenida y que fue extraditada el lunes desde la provincia de Buenos Aires”, explicó la jefa de la División Homicidios, comisario Susana Montero, quien estuvo a cargo de los operativos.
El cuerpo de Érika Álvarez fue hallado sin vida el pasado 8 de enero en un basural de Manantial Sur. Desde entonces, la investigación avanzó de manera coordinada entre las fuerzas policiales y el Ministerio Público Fiscal. “Desde el momento del hallazgo se trabajó de forma conjunta y precisa, aplicando todos los protocolos necesarios para lograr el esclarecimiento de este aberrante homicidio”, señaló Montero.
La funcionaria policial remarcó que, hasta el momento, Felipe Sosa continúa siendo el principal sospechoso del crimen, mientras se profundizan las diligencias investigativas a partir de los elementos secuestrados, los datos aportados por la familia de la víctima y las directivas de la Fiscalía.
En los allanamientos también participaron efectivos de la División Delitos contra las Personas, Delitos Telemáticos y Económicos, y de las Unidades de Investigaciones de Yerba Buena y Lomas de Tafí. Todos los procedimientos fueron supervisados por el director General de Investigaciones, comisario general Miguel Carabajal.
