La Confederación General del Trabajo (CGT) volvió a expresar su fuerte rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, al que considera perjudicial para los trabajadores. Según un documento técnico elaborado por especialistas de la central obrera, la iniciativa reduce derechos laborales, limita la libertad sindical y amplía el poder de los empleadores y del Estado.
En este contexto, el Consejo Directivo de la CGT resolvió profundizar su plan de lucha y convocó a una movilización para el próximo jueves 18 de diciembre, con destino a la Plaza de Mayo. Desde la central adelantaron que se tratará del inicio de “medidas graduales” de protesta contra la administración de Javier Milei.
Cambios en los contratos de trabajo
Uno de los puntos más cuestionados del proyecto es la modificación del régimen de contratos laborales. La CGT advierte que la reforma excluye de la Ley de Contrato de Trabajo a actividades como el transporte y el flete, así como a los trabajadores independientes de plataformas digitales, lo que deja a miles de personas sin protección legal.
Además, se limita la responsabilidad solidaria en la cadena de subcontratación, una medida que —según la central— favorece el fraude laboral y desprotege los créditos de los trabajadores.
En materia de despidos, el proyecto excluye el aguinaldo y otros conceptos del cálculo indemnizatorio y elimina el derecho a reclamar indemnización ante casos de falta o deficiente registración laboral. También habilita al empleador a fraccionar las vacaciones en períodos mínimos de siete días y elimina la obligación de preavisar el despido durante el período de prueba.
El Fondo de Asistencia Laboral, otro punto crítico
La reforma propone la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con un aporte mensual obligatorio del 3% del salario. Actualmente, ese porcentaje se destina al sistema previsional, por lo que la CGT advierte que la medida desfinancia las jubilaciones y pensiones.
El fondo estaría destinado al pago de indemnizaciones, pero el documento señala que no garantiza su cobro, ya que el empleador decide si utiliza o no esos recursos. Además, los fondos serían inembargables y solo aplicarían a trabajadores registrados con más de 12 meses de antigüedad, dejando fuera a los trabajadores informales.
Avance sobre las convenciones colectivas
La CGT también cuestiona los cambios en la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo. El proyecto refuerza el control estatal sobre los convenios, introduce el criterio amplio de “interés general” para su homologación y habilita la negociación por empresa sin exigir mejoras para los trabajadores.
Otro punto sensible es la eliminación de la ultraactividad plena de los convenios. Al vencer un acuerdo, solo se mantendrían las cláusulas salariales y de condiciones de trabajo, obligando a renegociaciones más frecuentes y debilitando la estabilidad de los derechos laborales.
Debilitamiento del modelo sindical
Según la CGT, la reforma introduce cambios profundos en la Ley de Asociaciones Sindicales que afectan el modelo histórico argentino. Entre los principales impactos, el documento enumera:
- Reducción del alcance de la libertad sindical
- Restricción de la acción gremial en los lugares de trabajo
- Limitación de la tutela sindical
- Mayor poder disciplinario del empleador
- Habilitación de la proliferación de sindicatos de empresa
Uno de los artículos más controvertidos establece que las asambleas sindicales solo podrán realizarse si no afectan la actividad de la empresa, con autorización previa del empleador, sin remuneración del tiempo utilizado. Para la CGT, esto subordina un derecho fundamental a la voluntad empresarial y contradice estándares internacionales.
Más sanciones y menos financiamiento sindical
El proyecto amplía de manera significativa el régimen sancionatorio contra los sindicatos, con multas que pueden llegar hasta el 20% de los ingresos por cuotas sindicales, e incluso la pérdida de la personería gremial en casos considerados graves.
Además, se dificulta la retención automática de cuotas sindicales al exigir consentimiento expreso del trabajador, acuerdo con el empleador y autorización administrativa, lo que —según la central— pone en riesgo el financiamiento de las organizaciones gremiales.
La postura de la CGT
Desde la central obrera sostienen que la reforma laboral altera el equilibrio institucional del sistema de relaciones laborales, fragmenta la negociación colectiva, debilita a los sindicatos y habilita una reducción generalizada de derechos sin garantías para los trabajadores.
Por ese motivo, la CGT ratificó su rechazo al proyecto y llamó a movilizarse para frenar su aprobación en el Congreso.
