El diputado nacional Carlos Cisneros quedó en el centro de una investigación penal explosiva. La Justicia de Tucumán allanó domicilios en Barrio Norte y en un country de Yerba Buena, además del estudio jurídico de su abogada de confianza, Patricia Neme.
La acusación: haber liderado una organización criminal para fabricar pruebas falsas contra jugadores de Vélez Sarsfield, denunciados por abuso sexual en marzo de 2024. El juez Bernardo L’Erario Babot ordenó el allanamiento de siete domicilios vinculados a una presunta organización criminal, salvo los de Cisneros y Franco Venditti, que no fueron incluidos en la orden.
La resolución judicial revela una trama de manipulación de testigos, destrucción de evidencia y coordinación desde el poder sindical.
Carlos Cisneros, el hombre que sería la cabeza de la organización criminal bancaria.
Entre los allanados figuran:
- La abogada Patricia Neme, asesora legal de La Bancaria.
- Testigos que recibieron empleos bancarios el mismo día que declararon como María de los Milagros Castellote.
- Rosario Molina, la segunda testigo cuyo celular fue periciado con tecnología UFED.
- La denunciante y su padre, asesor del Banco Macro.
- Federico Petraglia, señalado por buscar cámaras en el hotel antes de la denuncia.
- Un periodista, Santiago Sheriff, amigo de la denunciante, acusado de instalar narrativas mediáticas.
El juez autorizó el uso de la fuerza pública, el secuestro de celulares y la intervención del Colegio de Abogados como veedor. Finalmente se secuestraron computadoras, pen drives y otros elementos cruciales para la investigación.
Según la denuncia presentada por la defensa del futbolista José Florentín Bobadilla, actualmente en Central Córdoba, que está conformada por Camilo Atim y María Florencia Abdala, Cisneros y Neme habrían coordinado una denuncia falsa, manipulado testigos y eliminado evidencia clave. Las pericias UFED recuperaron chats borrados que vinculan a ambos con maniobras de encubrimiento, extorsión y falsificación de documentos.
La presunta víctima trabaja en la Caja Popular de Ahorros, gremio que lidera Cisneros. Los abogados que la representan —Neme y Franco Venditti— forman parte del staff legal de la entidad. La denuncia también involucra a otros colaboradores del diputado, como Federico Petraglia, acusado de buscar las cámaras de seguridad en el hotel donde habría ocurrido el hecho.
La denuncia original contra la abogada Patricia Neme.
La presentación judicial exige la detención inmediata de Cisneros, Neme y otros implicados, alegando peligro de fuga y uso de influencias para obstaculizar la investigación. El caso sacude el ámbito político, judicial y mediático de Tucumán, y podría marcar un antes y un después en la relación entre poder y justicia.
Carlos Cisneros está incluído entre los denunciados por Florentín Bobadilla.
El pedido de allanamientos efectuado por la justicia:
