La Justicia federal ordenó 25 allanamientos en el marco de una nueva línea de investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Los operativos se realizaron en droguerías y domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, con el objetivo de incautar celulares y dispositivos electrónicos que permitan profundizar la pesquisa.
La causa, liderada por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, se disparó tras el análisis de audios filtrados del exdirector del organismo, Diego Spagnuolo. En las grabaciones se mencionan supuestas maniobras de sobornos a laboratorios y aparecen los nombres de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y su asesor Eduardo “Lule” Menem.
El fiscal detectó graves irregularidades en la compra de medicamentos de alto costo, incluyendo sobreprecios y direccionamiento de contrataciones. El Gobierno nacional reconoció fallas en el sistema y activó una auditoría interna sobre la ANDIS, que maneja un presupuesto anual de $3,74 billones.
Desde Casa Rosada admiten que muchas compras no pasaron por el sistema de trazabilidad del Ministerio de Salud y que no existían contratos formales con droguerías como Suizo Argentina. Se evalúa transferir las futuras adquisiciones directamente al Ministerio de Salud para evitar nuevas irregularidades.
La Cámara de Diputados aprobó interpelaciones a Karina Milei y al ministro Mario Lugones, previstas para el miércoles 16 de octubre. El Gobierno espera tener resultados preliminares de la auditoría después de las elecciones legislativas del 26.
