La causa por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández sumó un nuevo capítulo clave en los tribunales federales. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso presentado por Fabiola Yañez y dejó firme la continuidad del juez Daniel Rafecas al frente del expediente.
De este modo, quedó cerrada la posibilidad de que el planteo llegue a la Corte Suprema de Justicia y se confirmó el apartamiento definitivo de Julián Ercolini, quien había sido recusado por la defensa del exmandatario.
Qué resolvió Casación Penal
El máximo tribunal penal federal declaró “inadmisible” el recurso extraordinario presentado por la querella de Yañez. La decisión fue firmada por los jueces Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci.
Según el fallo, la presentación no cumplía con los requisitos formales necesarios ni planteaba una cuestión federal suficiente como para habilitar la intervención de la Corte Suprema.
Para Casación, los argumentos expuestos por la defensa de la exprimera dama solo expresaban una discrepancia con lo ya resuelto y no demostraban arbitrariedad ni errores graves en la decisión judicial previa.
Por qué Ercolini quedó fuera de la causa
El 6 de octubre pasado, la Sala II de Casación hizo lugar a un planteo de la defensa de Alberto Fernández y apartó al juez Julián Ercolini del expediente. El expresidente había denunciado una “enemistad manifiesta” con el magistrado, luego de una relación personal previa.
En esa resolución, Casación ratificó la validez de todo lo actuado hasta ese momento y ordenó sortear un nuevo juez. El expediente quedó finalmente en manos de Daniel Rafecas, cuya continuidad ahora fue confirmada.
Qué puede pasar ahora con la causa
Con esta definición, Rafecas quedó plenamente habilitado para avanzar en el proceso y evaluar el eventual envío de la causa a juicio oral.
Alberto Fernández está acusado por los delitos de amenazas coactivas y lesiones leves y graves, agravadas por el vínculo y por haberse cometido en un contexto de violencia de género. Las imputaciones prevén penas de hasta 15 años de prisión.
Según la acusación fiscal, los hechos se habrían producido entre 2016 y agosto de 2024 y habrían constituido una violencia sistemática, agravada durante el ejercicio de Fernández como Presidente de la Nación.
