A solo dos semanas de que comience el debate oral más esperado de los últimos años, el juicio por el crimen de Paulina Lebbos ha entrado en una zona de máxima incertidumbre. La presencia en el banquillo de los acusados de Sergio Kaleñuk, señalado por Alberto Lebbos como el «verdadero hijo del poder», pende de un hilo procesal que ahora está en manos de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.
El laberinto judicial
La defensa de Kaleñuk, ejercida por el abogado Patricio Char, presentó un recurso de queja ante el máximo tribunal tras el rechazo de la Casación por parte de la Cámara de Apelaciones. El planteo es letal para los tiempos de la justicia: sostienen que el delito de encubrimiento agravado ya prescribió y cuestionan la figura de «funcionario público» de Kaleñuk, quien hoy se desempeña en la Legislatura.
Si la Corte admite la queja y solicita el expediente físico, el inicio de las audiencias —previsto para los próximos días— sufriría una postergación inevitable. El problema es que Kaleñuk no puede ser juzgado solo: la fiscalía sostiene que su accionar está «íntimamente ligado» al de César Soto, ex pareja de Paulina y principal acusado del femicidio.
La hipótesis del Fiscal: un pacto de impunidad
Para el fiscal Carlos Sale, la madrugada del 26 de febrero de 2006 se selló un pacto sangriento. Según la reconstrucción, Soto habría ahorcado a Paulina en su domicilio de calle Estados Unidos al 1200 tras una discusión. Acto seguido, habría recurrido a Kaleñuk —vinculado a él por el Club Atlético Tucumán— para hacer desaparecer el cuerpo.
La acusación es demoledora:
- El traslado: Sostienen que Kaleñuk y Soto llevaron el cuerpo hasta el kilómetro 2,8 de la ruta 341, en Tapia, donde fue hallado 13 días después.
- La coartada: Tras abandonar el cadáver, Kaleñuk habría ido al Club Central Córdoba para dejarse ver en la venta de entradas de un clásico tucumano, buscando fabricar un registro de su ubicación.
- El celular: Se le atribuye haber hecho desaparecer el teléfono de Paulina para borrar rastros.
Las sombras del poder
Uno de los puntos más oscuros del requerimiento fiscal son los cruces de llamadas. El celular de Kaleñuk se activó en la misma zona que el de la víctima tras su desaparición. Además, constan llamadas urgentes del entonces subjefe de Policía, el ya condenado Nicolás Barrera, hacia el imputado apenas se denunció la desaparición.
Para la justicia, Kaleñuk no es un nombre más. Su imputación se suma a la larga lista de ex funcionarios ya condenados (como Di Lella, Sánchez y Barrera), en lo que el fiscal Sale define como una «deuda histórica del Estado» con la familia Lebbos y la sociedad tucumana.
