La Corte Suprema de Tucumán enfrenta una decisión determinante. Los jueces deben resolver si la causa contra Sergio Kaleñuk ya prescribió. El acusado de encubrimiento agravado busca evitar el banquillo de los acusados. Su defensa presentó un recurso de queja ante el Máximo Tribunal para frenar el proceso. Esta resolución llegará días antes del inicio del debate oral, previsto para el 2 de marzo.
Una pelea de plazos que divide a la Justicia
El abogado Patricio Char sostiene que el Estado perdió la facultad de juzgar a su cliente. El defensor afirma que los hechos ocurrieron en el año 2006. Sin embargo, la justicia citó a Kaleñuk recién en 2021. Según este planteo, pasaron casi 15 años sin interrupciones legales válidas. El delito imputado tiene una pena máxima de seis años, por lo que el tiempo de prescripción ya se habría cumplido sobradamente.
El fiscal de Cámara, Daniel Marranzino, apoya el pedido de la defensa. El funcionario dictaminó que la acción penal está extinguida y pidió el sobreseimiento del imputado. Marranzino aclaró que la condición de empleado público de Kaleñuk no detiene el reloj de la justicia. Para el fiscal, el presunto encubrimiento fue un acto privado y no un abuso de funciones estatales. Por este motivo, el beneficio de la prescripción debería aplicarse de inmediato.
Voces en contra y el inicio del juicio
La Cámara Penal Conclusional rechazó previamente este sobreseimiento. Los vocales Gustavo Romagnoli y Luis Morales Lezica consideran que Kaleñuk debe ser juzgado. Argumentan que su rol como empleado público basta para suspender los plazos legales. No obstante, el vocal Fabián Fradejas votó en disidencia. Fradejas advirtió que no se puede ignorar la ley y que el paso del tiempo es irreversible en este caso.
Si la Corte no falla antes del lunes, el juicio comenzará con Kaleñuk y César Soto presentes. La fiscalía cree que Kaleñuk ayudó a Soto a ocultar el cuerpo de Paulina Lebbos y a borrar pruebas críticas. Sostienen que el vínculo de Kaleñuk con el poder político de 2006 garantizó la impunidad durante años. Ahora, los ministros de la Corte tienen la última palabra sobre el destino judicial de uno de los hombres más mencionados en el expediente.
