A dos décadas del crimen que cambió a Tucumán, Alberto Lebbos lanzó una acusación que estremece los cimientos del poder político y judicial. En una entrevista reciente, el padre de Paulina aseguró que el encubrimiento de la causa no fue solo una maniobra política, sino un blindaje necesario para proteger vínculos con el narcotráfico. Según su denuncia, existen conexiones directas entre los sospechosos y redes delictivas del norte que la justicia nunca se atrevió a investigar a fondo.
La protección a los «hijos del poder» y los vínculos narcos
Lebbos apuntó contra figuras clave del entorno oficialista de aquel entonces y cuestionó el rol de Sergio Kaleñuk, a quien vincula con el manejo del teléfono de su hija. El relato describe una red de protección que trasciende lo administrativo. Alberto sostiene que el miedo a que ciertos personajes «hablen» es lo que mantiene paralizada la causa principal, sugiriendo que el narcotráfico funciona como un archivo de secretos que nadie en el poder quiere abrir.
La destrucción de pruebas técnicas también formó parte de este plan de impunidad. El denunciante recordó cómo el fiscal Carlos Albaca permitió que se perdieran muestras biológicas fundamentales y manipuló datos de telefonía para desviar las pericias. Para el padre de Paulina, estas acciones fueron deliberadas y buscaban garantizar que la verdad quedara enterrada bajo un manto de inacción judicial que ya lleva veinte años de vigencia.
Una justicia que premia el silencio y el encubrimiento
El sistema de juicios abreviados recibió las críticas más duras de Lebbos, quien calificó de «escándalo jurídico» las penas leves otorgadas a ex jefes policiales. Según su visión, condenar con dos años de prisión en suspenso a funcionarios que ayudaron a ocultar un homicidio es un premio a la lealtad criminal. Este mecanismo permite que quienes desviaron la investigación recuperen su libertad rápidamente, enviando un mensaje de absoluta desprotección a la sociedad tucumana.
A pesar de que el miedo y el cansancio desgastaron las movilizaciones populares, Alberto reafirmó su compromiso de seguir exigiendo que las instituciones rindan cuentas. El caso Lebbos dejó de ser solo una tragedia familiar para convertirse en el símbolo de una sociedad que despertó y aprendió a marchar frente a los tribunales. El desafío pendiente sigue siendo que algún representante del pueblo tenga el coraje de enfrentar la pista narco que mantiene secuestrada la justicia por Paulina.
