Los abogados defensores de Felipe “El Militar” Sosa, Marcelo Cosiansi y Rubén Flores, manifestaron este martes su preocupación ante lo que definieron como una “gravedad institucional” en el marco de la causa en la que su representado está imputado por el crimen de Érika Antonella Álvarez.
Mediante un comunicado, los letrados advirtieron que en los últimos días se difundieron de manera masiva en distintos medios declaraciones brindadas en sede fiscal por una persona también imputada en el expediente. Según señalaron, no se trata de comunicaciones oficiales ni de exposiciones voluntarias ante la prensa, sino de piezas procesales correspondientes a una investigación en curso que habrían sido divulgadas de forma selectiva.
En ese contexto, afirmaron que mientras ese material adquiere estado público, la defensa enfrenta “restricciones materiales concretas” para desarrollar su labor, lo que —a su entender— genera un desequilibrio procesal que afecta la igualdad de armas entre las partes.
Régimen de detención
El documento también detalla las condiciones de alojamiento de Sosa. De acuerdo con lo expresado, permanece en una celda individual, dentro de un pabellón donde otros internos comparten espacio. Según describen, pasa 23 horas diarias aislado, realiza todas sus comidas en soledad y no mantiene contacto ni interacción con otros detenidos.
Añadieron que su única salida diaria, de aproximadamente 15 minutos, se realiza bajo el esquema denominado “formación diamante”, rodeado por personal penitenciario encapuchado, sin posibilidad de interacción.
Un informe psicológico fechado el 23 de febrero de 2026 indica que, al momento de su elaboración, llevaba cinco semanas bajo ese régimen, el cual es calificado como un “aislamiento social extremo”.
Estado de salud y restricciones
Los abogados también hicieron referencia a la situación sanitaria de su asistido. Indicaron que su problemática de consumo y adicción fue corroborada tanto por un informe psicológico de parte como por evaluaciones del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), incluyendo intervención psiquiátrica, además de constancias del Servicio Penitenciario. Subrayaron que se trata de una situación documentada.
En esa línea, alertaron que el aislamiento prolongado en una persona con vulnerabilidad psíquica acreditada podría agravar su estado emocional y producir consecuencias acumulativas.
Asimismo, cuestionaron que no se les haya permitido ingresar material de lectura, pese al encierro casi total, lo que —según plantearon— implica una privación de estímulos significativa en un contexto de aislamiento extendido.
También señalaron que las entrevistas profesionales se realizan bajo acrílico y con supervisión permanente, lo que —afirman— afecta la confidencialidad y el derecho de defensa. Agregaron que se solicitaron traslados médicos, pero fueron rechazados con el argumento de que debían tratarse en audiencia, circunstancia que consideraron inusual.
Planteo institucional
En el tramo final del comunicado, los defensores encuadraron la situación en el marco de la prohibición absoluta de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, contemplada en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos.
Advirtieron además que la provincia no cuenta actualmente con un mecanismo local operativo de monitoreo para la prevención de la tortura, lo que —según sostienen— implica la falta de un control externo independiente y permanente sobre las condiciones de detención. En ese escenario, remarcaron que el contrapeso institucional recae en la intervención judicial.
Recordaron también que Sosa no posee antecedentes penales y comunicaron que la situación fue puesta en conocimiento del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, de la Comisión Provincial contra la Tortura y de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Finalmente, informaron que en los próximos días se llevará a cabo una audiencia judicial destinada a revisar estas restricciones y a restablecer condiciones que permitan ejercer una defensa efectiva.
“La igualdad de armas no es una consigna retórica, sino un principio esencial del debido proceso. Cuando la defensa enfrenta limitaciones materiales mientras se difunden selectivamente piezas del expediente, el equilibrio se ve afectado. La transparencia fortalece el proceso y el control institucional lo legitima”, concluye el escrito.
