La defensa de Felipe “El Militar” Sosa, principal sospechoso del homicidio de Erika Antonella Álvarez, rompió el silencio para cuestionar la base de la acusación. A través de un comunicado, los abogados Marcelo Cosiansi y Rubén Flores pusieron el foco en las presuntas irregularidades y omisiones que, según denuncian, rodean el expediente que lidera el fiscal Pedro Gallo.
La polémica por el supuesto pasaporte
Uno de los puntos más calientes del descargo defensivo tiene que ver con el presunto riesgo de fuga. Se había filtrado que Sosa tenía un pasaporte entre sus pertenencias al momento de ser capturado, un dato que pesó en su contra. Sin embargo, los letrados fueron tajantes: “No fue secuestrado ni consignado pasaporte alguno en el acta de detención”.
Para Cosiansi y Flores, si ese documento existiera, debería estar individualizado en el acta de procedimiento. “Aquello que no figura en ese instrumento no integra el expediente”, señalaron, advirtiendo que se utilizó mediáticamente un dato inexistente para justificar el arresto.
Sin antecedentes de violencia
Otro eje de la defensa se centró en el vínculo de tres años que unía a Sosa con la víctima. Según los abogados, aunque el entorno familiar de Erika conocía la relación, no existen reportes de amenazas, insultos ni episodios de violencia previos al trágico desenlace.
Asimismo, destacaron que ambos atravesaban situaciones de consumo problemático de sustancias, un contexto que —según su criterio— debe ser analizado de forma integral y no para criminalizar de manera selectiva a su defendido.
Pruebas en espera y frentes judiciales
La defensa remarcó que la autopsia se encuentra en una etapa preliminar y que aún no está clara la “dinámica concreta” del hecho. Por otro lado, Sosa enfrenta complicaciones en la Justicia Federal: el fiscal Agustín Chit apeló recientemente un sobreseimiento que lo favorecía en una causa por drogas, sumando presión sobre el ex militar mientras se define su situación en la causa por homicidio.
