El Ente Autárquico Tucumán Turismo (EATT) aprobó un gasto de $8.950.000 para organizar un “Desayuno Institucional” junto a la Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales. El evento se realizó el 21 de octubre de 2025 en el Hotel Catalina’s Park, con el objetivo oficial de “comunicar las acciones y logros de las distintas áreas de gobierno con incidencia territorial”.
El gasto, registrado bajo el acuerdo N°4741, fue aprobado por el Tribunal de Cuentas, que no formuló observaciones, aunque condicionó su ejecución a que la empresa contratada —Catalinas Fintech Hotel SRL— presentara toda la documentación societaria.
Más allá de la formalidad administrativa, el monto y el contexto económico despertaron fuertes cuestionamientos sociales y políticos.
“Un festín oficial en tiempos de hambre”
La crítica más dura vino desde el municipio de San Miguel de Tucumán. El subsecretario de Gobierno, Alejandro Sangenis, usó sus redes sociales para expresar su indignación:
“Así gasta el autotitulado prócer Domingo Amaya los recursos del Estado. Me imagino los miles de tucumanos que apenas desayunan con pan duro y desean que los inviten a estos pantagruélicos festines”, escribió.
Su mensaje, dirigido a Domingo Amaya, presidente del Ente Tucumán Turismo y exfuncionario municipal, expuso la falta de sensibilidad política ante un panorama económico complejo, donde miles de familias atraviesan dificultades para cubrir necesidades básicas.
La publicación de Sangenis se viralizó rápidamente, generando reacciones divididas: por un lado, quienes denunciaron un uso irresponsable del dinero público; por otro, voces que defendieron el evento como una “instancia de comunicación institucional”.
Irregularidades previas y reclamos de transparencia
El “desayuno millonario” no fue el único foco de controversia. Días antes, el Tribunal de Cuentas había detectado irregularidades por $15 millones en diez expedientes de contrataciones publicitarias del mismo organismo, correspondientes a una campaña de invierno.
Los documentos —según el dictamen firmado por Miguel Chaibén Terraf y Sergio Díaz Ricchi— eran idénticos entre sí, con las mismas fechas, textos y formularios. Tras la observación, el Ente anuló los pagos sin dar explicaciones públicas.
Estos episodios alimentan un debate urgente: ¿cuánto control real existe sobre el gasto público? Y más aún: ¿qué mensaje transmite un gobierno que celebra sus logros en hoteles de lujo mientras la pobreza crece?
En un contexto de crisis económica y creciente desigualdad, la austeridad no debería ser un gesto simbólico, sino una obligación moral. Cada decisión sobre el uso de fondos públicos debería medirse con la vara de la empatía y la responsabilidad social.
