La polémica por la ley de tracción a sangre volvió a encenderse este lunes, luego de que legisladores de la oposición exigieran al Gobierno reglamentar la norma sancionada en 2024. El pedido reavivó la tensión entre los carreros tucumanos, quienes alertan que esta regulación podría dejarlos sin su fuente de trabajo.
El reclamo llegó desde la Federación Argentina de Carreros, Cartoneros y Recicladores (Faccyr), que difundió un comunicado en el que remarcó que miles de familias viven de esta actividad. Además, pidió que cualquier avance se realice con una transición justa y sin persecuciones que profundicen la exclusión social.
La organización pide alternativas reales antes de avanzar con la ley de tracción a sangre
La Faccyr reconoció que es necesario avanzar hacia nuevas formas de movilidad que eliminen el uso de animales. Sin embargo, advirtió que la ley de tracción a sangre no puede transformarse en un mecanismo punitivo. Por otro lado, insistió en que antes de prohibir es indispensable reconocer formalmente a los trabajadores de la economía popular, quienes sostienen buena parte del circuito de reciclaje.
Desde la organización recordaron que no buscan beneficios especiales, sino políticas concretas de inclusión: capacitación, acceso al trabajo y herramientas viables. Señalaron que el decomiso de carros y la imposición de multas solo profundizan la pobreza. “Detrás de cada carro hay una historia de lucha. Nadie elige esta realidad por gusto”, remarcaron.
El debate legislativo reactivó la discusión política
El conflicto se intensificó cuando llegó a la Legislatura un proyecto firmado por José Cano, Silvia Elías de Pérez y Alfredo “Freddy” Toscano. Allí solicitan al Poder Ejecutivo la reglamentación urgente de la ley, que establece capacitaciones y un año de transición.
Cano cuestionó la falta de avances y afirmó que la dilación implica un “doble derecho de veto”. También aseguró que los casos de animales muertos en calles y rutas exponen un problema que exige respuestas estatales.
Los carreros denuncian miedo, precariedad y falta de soluciones
Desde la Faccyr, la referente Úrsula López reconoció la existencia de casos de maltrato animal, pero aclaró que no representan a la mayoría. Afirmó que muchos carreros cuidan a los animales como parte de su familia. Sin embargo, advirtió que muchos trabajadores ya no salen por miedo a sanciones y que eso dificulta la alimentación diaria de sus hogares.
López estimó que solo en la capital habría unos 250 carreros, aunque las cifras provinciales pueden ser mucho mayores. Recordó que en el debate legislativo se habló de al menos 1.500 carros en Tucumán.
La dirigente señaló que buscan alternativas, pero varias propuestas presentan problemas. “¿De qué sirve entregar un motocarro a una persona que no sabe leer ni escribir si después no puede sacar el carnet?”, cuestionó. También mencionó que parte del equipamiento entregado en plantas de reciclado fue robado.
El conflicto podría escalar si no se acuerda una transición justa
La Faccyr no descarta profundizar las protestas si la reglamentación de la ley de tracción a sangre avanza sin un plan integral que garantice el sustento de los trabajadores. El proyecto ya ingresó a la comisión de Seguridad y Justicia, donde comenzará a tratarse en un clima de tensión social y política.
