Con el inicio de las clases, entra en vigencia una reforma profunda en la educación argentina. A través del Decreto 436/2025, el gobierno de Javier Milei modificó los contenidos obligatorios en todo el país. La medida derogó artículos de leyes nacionales que imponían formaciones específicas en las aulas. A partir de ahora, temas como la seguridad vial y la prevención de la violencia de género ya no son obligatorios por ley nacional.
Los contenidos que dejan de ser obligatorios
El decreto dejó sin efecto normativas que funcionaban desde hace años en el sistema educativo. Los cambios principales afectan a dos áreas transversales:
- Educación Vial: Se eliminaron los artículos que obligaban a dictar cursos y contenidos sobre seguridad vial en todos los niveles.
- Violencia de Género: Ya no es obligatoria la jornada anual «Educar en Igualdad». Esta instancia buscaba la prevención y erradicación de la violencia de género en escuelas primarias, secundarias y terciarias.
Las provincias decidirán qué enseñar
Con esta derogación, la responsabilidad se traslada directamente a las jurisdicciones. Ahora, cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán decidir si mantienen estos contenidos. Las autoridades locales podrán optar por adaptar las propuestas o suprimirlas definitivamente según sus propias prioridades educativas.
El Ejecutivo nacional argumentó que la jornada «Educar en Igualdad» no debía ser organizada directamente por el Estado nacional. Respecto a la educación vial, el decreto sostuvo que existía una superposición de funciones entre distintos organismos. Según el Gobierno, estas medidas buscan reducir el gasto público y eliminar el «sobredimensionamiento» del Estado.
El debate por la desigualdad de contenidos
La medida genera un fuerte debate político y educativo. Por un lado, el Gobierno asegura que esto mejorará la eficiencia y transparencia de la gestión pública. Por otro lado, especialistas advierten que se perderán criterios mínimos nacionales en temas sensibles.
El impacto real se verá en los próximos meses. El interrogante principal es cómo adoptará cada provincia estas decisiones. Existe el riesgo de que los estudiantes reciban formaciones muy diferentes dependiendo de su lugar de residencia, lo que plantea dudas sobre la coordinación interjurisdiccional en materia de derechos y seguridad ciudadana.
