La Justicia Federal de Tucumán dio un paso clave en una causa ambiental que lleva más de 15 años en trámite: procesó a Alfredo Calvo, ex titular de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT–Sapem), por contaminación peligrosa para la salud pública. La decisión fue adoptada por la Cámara Federal, integrada por los jueces Ana Carina Farías, Federico Bothamley, Enrique Lilljedahl y Myriam Depetris, quienes revocaron la falta de mérito que lo beneficiaba. El procesamiento se dicta sin prisión preventiva.
El fallo se inscribe en el reenvío ordenado por la Cámara Federal de Casación Penal en agosto de 2024, que había señalado falencias en la resolución anterior y solicitó un análisis exhaustivo de las pericias acumuladas durante más de una década.
La causa se inició en 2009, cuando dos vecinas denunciaron que la planta depuradora San Felipe vertía efluentes sin tratamiento adecuado al Canal Sur y al Río Salí. Desde entonces, se recopilaron informes de Gendarmería, pericias del Cuerpo Médico Forense, estudios de la Estación Experimental Obispo Colombres y análisis de laboratorios de la UNT, que detectaron niveles elevados de nitritos, amonio y coliformes fecales, entre otros parámetros.
A pesar de esta evidencia, en 2022 el juez de primera instancia dictó la falta de mérito de Calvo y ordenó nuevos estudios. La fiscalía y las querellas sostuvieron que la ley no exige daño concreto, sino la generación de un riesgo prohibido, y que Calvo, como presidente de SAT, debía conocer los vertidos y prevenir su impacto.
La Cámara Federal subrayó que los delitos ambientales de la Ley 24.051 son de peligro abstracto: basta con generar un riesgo no permitido para configurar el delito, sin necesidad de demostrar un daño efectivo. Asimismo, recordó que directores y administradores pueden ser imputados si tenían la obligación de prevenir la contaminación.
Con este procesamiento, la causa, que también involucra a Santiago del Estero por la afectación de la cuenca compartida, retoma impulso tras años de idas y vueltas. La justicia deberá ahora revisar las pericias de 2009 y 2013, consideradas clave para sostener la acusación. La defensa de Calvo analiza recurrir nuevamente ante Casación, mientras que la resolución deja en claro que la planta San Felipe operó durante años fuera de los parámetros legales, poniendo en riesgo la cuenca Salí–Dulce.
