El Ministerio de Seguridad de la Nación identificó a un tucumano entre los manifestantes acusados de participar en los hechos más graves ocurridos el miércoles frente al Congreso, durante el debate de la reforma laboral en el Senado. Se trata de Matías Enzo Roldán, de 27 años, quien fue señalado como uno de los involucrados en la preparación y lanzamiento de bombas molotov contra las fuerzas de seguridad.
Según confirmó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ya son 17 las personas identificadas por los disturbios y aseguró que el Gobierno avanzará con denuncias bajo figuras penales agravadas, incluyendo terrorismo.
Identificación y denuncia penal
De acuerdo con la cartera de Seguridad, Roldán fue captado por cámaras en el sector donde un grupo de manifestantes montó una especie de “trinchera” y confeccionó artefactos incendiarios que luego fueron arrojados contra el cordón policial.
Un tatuaje visible en su brazo izquierdo permitió confirmar su identidad tras el entrecruzamiento de imágenes de medios de comunicación, registros de fuerzas federales y bases de datos oficiales. Al momento de la difusión de su nombre, no se encontraba detenido.
“A medida que vamos identificando, todo esto se judicializa”, explicó Monteoliva, y adelantó que ahora comienza la etapa en la que la Justicia deberá avanzar con las detenciones correspondientes.
El Gobierno formalizó una denuncia federal por atentado contra el orden constitucional, resistencia a la autoridad, lesiones y daños, agravados por la presunta finalidad de generar terror y afectar el normal funcionamiento de los poderes públicos.
“Vamos a denunciar por terrorismo, porque una bomba molotov es una bomba. Es un arma con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos”, sostuvo la ministra en declaraciones radiales.
La oficialización de la denuncia fue confirmada también por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cerca del mediodía.
“Intento de desestabilización”
Monteoliva rechazó la hipótesis de infiltrados y aseguró que las imágenes muestran con claridad a los manifestantes organizándose para confeccionar y lanzar los artefactos incendiarios.
“Esto no fue una simple protesta. Hubo intención de desestabilizar”, afirmó.
La funcionaria indicó que entre los identificados hay personas de entre 20 y más de 60 años, en su mayoría de la provincia de Buenos Aires, además de casos de la Ciudad Autónoma, un tucumano y un salteño. También señaló que se investiga la posible existencia de autores intelectuales y financiamiento.
“Nos interesa ligar a estas personas con organizaciones y con financiamiento, desde el que fue a comprar los materiales hasta quienes realizaron los actos vandálicos”, agregó.
El jueves, la ministra había difundido los nombres de cuatro identificados: Matías Enzo Roldán (27), Federico Alberto Mazzagalli (42), Patricio Hernán Castellán (33) y Denis Alejandro Figueredo (20). Este viernes confirmó que la lista se amplió a 17 acusados.
Por más bombas molotov que armen, la reforma laboral sale si o si.
Se les acabó la joda. pic.twitter.com/HDg6stWQoK
— Diego Santilli (@diegosantilli) February 11, 2026 Los incidentes frente al Congreso
Los disturbios se produjeron mientras el Senado debatía la reforma laboral. Durante la movilización convocada por gremios y distintos sectores sociales, se registraron enfrentamientos, incendios de objetos en la vía pública, daños en el mobiliario urbano y policías heridos.
Imágenes difundidas por canales de televisión mostraron a un grupo reducido manipulando botellas con líquidos inflamables antes de lanzarlas hacia las fuerzas de seguridad. Tras esos episodios, los efectivos intensificaron el uso de hidrantes y gases lacrimógenos.
Otros registros captaron a manifestantes rompiendo veredas con mazas para desprender baldosas y utilizarlas como proyectiles, además del lanzamiento de piedras y palos contra el vallado policial.
Según fuentes oficiales, tras la desconcentración se reportaron 71 detenidos, aunque varios recuperaron la libertad horas después.

Desde el Ministerio de Seguridad insistieron en que los hechos deben ser encuadrados con la máxima severidad penal. “Empieza a trabajar la Justicia y la fuerza que se designe avanzará con la detención de todos”, anticipó la ministra.




