A través de un juicio abreviado, tres personas —dos de ellas pastores evangélicos de la ciudad de Bella Vista— fueron condenadas por una serie de delitos cometidos en perjuicio de una mujer de 85 años. La investigación estuvo a cargo de la Unidad Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del Ministerio Público Fiscal.
Los condenados son un hombre de 34 años y dos mujeres, madre e hija, de 60 y 34 años, quienes fueron hallados responsables del delito de circunvención de incapaz en concurso ideal con usurpación por engaño y, en concurso real, con privación ilegítima de la libertad, en calidad de coautores.
El acuerdo fue oralizado por la auxiliar de fiscal Carolina Brito Ledesma, siguiendo instrucciones del fiscal Diego López Ávila, y establece una pena de dos años de prisión de cumplimiento condicional para los tres imputados, además de reglas de conducta. Entre ellas, deberán fijar domicilio y tienen prohibido acercarse al inmueble de la víctima a menos de 200 metros.
Durante la audiencia, la representante del MPF subrayó que los acusados “se aprovecharon de su rol como ministros de culto y de las circunstancias personales de la víctima, una mujer mayor con lentitud cognitiva”. También se destacó que los imputados restituyeron de manera definitiva la vivienda ubicada en el barrio Independencia de Bella Vista. El convenio fue finalmente homologado por la jueza interviniente.
La teoría del caso
De acuerdo a la investigación, desde enero de este año los acusados actuaron de manera conjunta y con una distribución previa de roles, abusando de su autoridad y preeminencia religiosa para ganarse la confianza de la víctima, con quien mantenían un vínculo cercano desde 2023. La mujer vivía sola y presentaba un deterioro cognitivo, principalmente con fallas en la memoria inmediata.
En ese contexto de extrema vulnerabilidad, los imputados comenzaron a presionarla reiteradamente para que entregara su vivienda ubicada en calle Manuela Pedraza al 700, en el barrio Independencia. Le decían que, si no vendía la casa, quedaría sola y terminaría viviendo en la calle.
En junio, tras una reunión religiosa realizada en pasaje Tejerina al 500, el pastor apartó a la anciana y, en presencia de una persona que simuló ser policía, la convenció de firmar un documento “para que después no hablen tonteras”. Así, la mujer firmó un boleto de compraventa de su vivienda sin consentimiento libre ni informado, por un monto irrisorio de un millón de pesos, recibiendo solo $15.000.
Luego, entre fines de junio y principios de julio, los acusados lograron sacarla de su casa mediante engaños, trasladaron algunos de sus muebles, colocaron los propios, cambiaron la titularidad de los servicios e iniciaron obras de remodelación, incluyendo revoques y la construcción de un garaje. De esta manera, la despojaron de la posesión pacífica e ininterrumpida del inmueble.
Finalmente, tras el despojo, y hasta el 28 de julio, la víctima fue mantenida en una habitación cerrada con llave en la vivienda de una de las imputadas, también ubicada en pasaje Tejerina al 500. Allí le restringieron su libertad ambulatoria y el contacto con sus familiares, además de retenerle su documentación personal y la tarjeta de débito con la que cobraba su beneficio previsional.
