Las fiscales Gabriela Baigún y Mariela Labozzetta reclamaron ante la Cámara Federal de Casación Penal que se agraven las condenas de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1° de septiembre de 2022.
El Ministerio Público Fiscal solicitó elevar las penas a 15 años de prisión para Sabag Montiel y 14 años para Uliarte. Sostuvo que el ataque debe considerarse agravado por alevosía y por violencia de género en su modalidad de violencia política.
En octubre pasado, el Tribunal Oral Federal N°6 condenó a Sabag Montiel a 10 años de prisión como autor del hecho y a Uliarte a 8 años como partícipe necesaria. Sin embargo, el tribunal descartó los agravantes y aplicó una figura penal más leve.
Un ataque ejecutado a traición
En el recurso presentado, las fiscales afirmaron que el atentado fue ejecutado a traición. Explicaron que Sabag Montiel se hizo pasar por un simpatizante y se acercó a la entonces vicepresidenta sin despertar sospechas.
Según el planteo fiscal, Cristina Fernández estaba en total indefensión. Ni ella ni su custodia podían prever un ataque armado en ese contexto. Para las fiscales, el hecho de que el disparo no se haya concretado no elimina la gravedad del ataque.
“Que el arma haya fallado no quita el carácter alevoso del hecho”, señalaron. Agregaron que solo el azar evitó un desenlace fatal.
Violencia política de género
Baigún y Labozzetta también cuestionaron la decisión del tribunal de descartar el agravante por violencia de género. Indicaron que la sentencia aplicó una interpretación restrictiva y contraria a la legislación vigente.
Recordaron que la ley 27.533 reconoce expresamente la violencia política como una forma de violencia de género. En ese marco, afirmaron que no es necesario probar una relación personal previa entre víctima y agresor.
“El ataque fue dirigido contra una mujer con alta visibilidad y poder político”, sostuvieron. Según las fiscales, el hecho se inscribe en una lógica de castigo y disciplinamiento que reproduce patrones de dominación patriarcal.
También remarcaron que exigir una relación jerárquica individual limita el alcance del tipo penal y vuelve inaplicable la figura en casos de ataques públicos.
Ahora, será la Cámara de Casación Penal la encargada de definir si hace lugar al planteo fiscal y agrava las penas impuestas a los condenados.
