La Justicia Federal de Tucumán ordenó la restitución inmediata de pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas por el gobierno nacional. La medida beneficia a personas que habían perdido el acceso a este derecho sin recibir notificación formal ni posibilidad de defensa.
El fallo, emitido por el juez federal José Manuel Díaz Vélez, responde a una acción de amparo presentada por la Asociación de Protección al Discapacitado (Apadis) y la Defensoría del Pueblo. El magistrado consideró que la suspensión de pensiones vulneró derechos constitucionales y tratados internacionales, al afectar directamente la subsistencia de personas en situación de vulnerabilidad.
La resolución exige al Ministerio de Capital Humano que reactive los pagos y garantice la continuidad de las prestaciones. Además, ordena que cualquier futura suspensión se comunique previamente al beneficiario, con fundamentos claros y posibilidad de apelación.
El fallo marca un precedente judicial en medio de los recortes presupuestarios impulsados por el gobierno de Javier Milei, y refuerza el rol de la Justicia como garante de derechos sociales.
