Las calles de San Miguel de Tucumán amanecieron empapeladas con una campaña de desprestigio contra el juez Augusto José Paz Almonacid. Los afiches anónimos intentan vincular al magistrado con la impunidad, pero el trasfondo de la maniobra apunta a una derrota judicial para el poder político. El ataque ocurre después de que el juez desarticulara la acusación contra los exjugadores de Vélez y ordenara investigar al diputado Carlos Cisneros por presunta trata de personas.
El fallo que acorraló al diputado
Paz Almonacid dictó el sobreseimiento total de los futbolistas tras considerar que la denuncia fue una «operación» sin sustento objetivo. El magistrado se basó en 530 megabytes de pruebas informáticas (UFED) que exponen la coordinación del caso desde la Caja Popular de Ahorros. La resolución judicial fue demoledora para la estructura de Cisneros, ya que el juez determinó que la acusación «nunca debió formularse» en esos términos.
La parte más crítica para el legislador nacional es el punto 8 del fallo. En él, Paz Almonacid ordenó remitir el legajo al Fuero Federal para investigar si Cisneros lideró una red de explotación y extorsión. Según la evidencia recuperada, la denunciante habría confesado ser «prisionera de órdenes» y haber actuado bajo la dirección de la abogada vinculada a La Bancaria, lo que fundamenta la sospecha de un delito federal grave.
Una campaña para frenar la causa federal
Las pegatinas contra el juez son interpretadas como una respuesta directa a la posibilidad de que Cisneros pierda sus fueros o deba declarar ante la justicia nacional. Al no poder rebatir los fundamentos técnicos de Paz Almonacid, los sectores involucrados optaron por la difamación callejera. Buscan instalar un relato de injusticia para desviar la atención sobre la evidencia que ahora está en manos del Fiscal General Federal.
