Un ataque a tiros contra la vivienda de una trabajadora del Centro de Monitoreo, ocurrido en la madrugada del sábado, abrió una nueva línea de investigación en una trama judicial ya cargada de irregularidades. La víctima había firmado el informe que alertó sobre la presunta fuga de Javier “Chuky” Casanova, un detenido por narcomenudeo y violencia armada, beneficiado con arresto domiciliario en condiciones que ahora se investigan.
Casanova fue detenido en septiembre tras un operativo ordenado por el fiscal Mariano Fernández, que halló cocaína y elementos vinculados a una balacera entre bandas. Aunque tenía prisión preventiva, el 11 de diciembre el juez Guillermo Taylor le otorgó arresto domiciliario con tobillera electrónica, pese a una orden previa de la jueza Soledad Hernández que exigía mantenerlo detenido hasta el 26 de diciembre.
El fiscal Fernández detectó múltiples irregularidades:
- A las 15.30 del 12 de diciembre, se informó que no había tobilleras disponibles.
- Sin embargo, Casanova apareció esa misma noche en su casa con un dispositivo colocado.
- El informe técnico que suele demorar 24 horas se habría completado en pocas horas.
- La Policía nunca fue notificada para hacer rondas de control.
- A las 6.04 del jueves 13, el sistema registró que Casanova abandonó su domicilio.
- A las 7.30, el Servicio Penitenciario habría confirmado su ausencia.
- A las 9.44, se notificó a la Justicia.
- Finalmente, fue hallado en su casa y trasladado al penal de Benjamín Paz.
Un ataque que cambia el tono de la causa
El sábado siguiente, la casa de la operadora civil que reportó la aparente fuga fue atacada a balazos. La trabajadora había firmado el informe que encendió las alarmas. “Fue un mensaje claro”, dijo un investigador. La mujer denunció el hecho en Tribunales, y el fiscal Fernández evalúa incorporar el ataque al expediente.
¿Filtraciones internas?
La defensa de Casanova, a cargo del abogado Facundo Herrera, negó cualquier vínculo con la agresión: “No sería capaz de entorpecer la investigación cuando está cerca de ser sobreseído”. Sin embargo, los investigadores sospechan que alguien con acceso al sistema podría haber filtrado la identidad de la operadora.
El Ministerio de Seguridad inició un sumario administrativo y confirmó que los resultados serán elevados a la Justicia, sin perjuicio del proceso penal en curso.
El caso Casanova reaviva las dudas sobre el funcionamiento del monitoreo electrónico, la cadena de comunicaciones entre organismos y los controles internos del sistema penitenciario. La balacera contra una trabajadora estatal suma un elemento de intimidación directa que profundiza la preocupación judicial: la trama ya no sólo involucra a un acusado con antecedentes por violencia y drogas, sino la posibilidad de maniobras para desactivar controles desde adentro del propio Estado.
