Argentina registra la tasa más alta de la historia de presos en cárceles, según el último informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) publicado en enero de 2026. Dicho documento también aborda el aumento del encarcelamiento, la evolución de los niveles de ocupación por jurisdicción, las características judiciales y sociodemográficas de la población, así como la situación de las personas privadas de la libertad con medidas de seguridad por razones de salud mental.
Al 31 de diciembre de 2024, el sistema penitenciario registraba 121.443 personas privadas de la libertad (PPL), lo que equivale a una tasa de 258 PPL cada 100.000 habitantes, la más alta de la historia, según indica el informe.
Esa tasa resultó elevada luego de que cinco provincias la hayan superado ampliamente: Córdoba encabeza la lista, con casi 377 PPL cada 100.000 habitantes; y le siguen Mendoza, con 308; Buenos Aires, con 305; Santa Fe, con 286 y Salta, con 267.
Durante los últimos 25 años, el encierro en prisiones creció a un promedio anual del 6 %, con la única excepción de 2020, cuando descendió a raíz de la pandemia. En 2024, el aumento fue aún mayor y alcanzó el 7,1 %. Aunque se incrementó la cantidad de plazas carcelarias, esto no logró reducir los niveles de sobrepoblación.
Desde la CNPT explican que, a nivel nacional, el conjunto de los sistemas penitenciarios funciona al 130,2 % de su capacidad, lo que implica que hay 130 personas alojadas donde caben 100.
En la última década, la cantidad de personas alojadas en establecimientos penitenciarios del país creció un 67,7 %. No obstante, las tendencias de esta evolución presentan un comportamiento dispar a nivel jurisdiccional. Santa Fe registró el incremento más pronunciado (244,8 %), seguida por Santiago del Estero (138,2 %) y Córdoba (116,6 %). Estas tres jurisdicciones duplicaron su población carcelaria entre 2015 y 2024.
Acerca de la ampliación de plazas, señalan que en 2024 diversos poderes ejecutivos provinciales incrementaron la capacidad de alojamiento penitenciario, entre ellos Buenos Aires, Jujuy, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.
“Buena parte de esos nuevos centros penitenciarios recibieron a personas que estaban alojadas en comisarías. Esto generó un aumento del encarcelamiento, pero no logró reducir la cantidad de personas detenidas en el ámbito policial, que apenas se estabilizó”, sostienen.
Asimismo, el informe analiza en detalle, entre otros puntos, la situación procesal y los tipos de delitos de la población encarcelada. En la actualidad, el 62,0 % de la población carcelaria se encuentra condenada, mientras que el 37,3 % permanece procesada, es decir, sin sentencia definitiva.
La situación procesal presenta marcadas diferencias entre las distintas jurisdicciones del país. Neuquén registra el mayor porcentaje de personas condenadas, con un 99,6%. Chaco, Chubut y San Juan también superan el 90 % de población con condena. En contraste, algunas jurisdicciones superan la media nacional de personas encarceladas sin condena, entre ellas Formosa (51 %), Córdoba (49 %), Buenos Aires (43 %) y Misiones (39%).
En cuanto a los tipos de delitos se observa que la mayor proporción corresponde a los delitos contra la propiedad, que representan el 36,4 % del total, es decir, casi cuatro de cada diez personas. Le siguen contra las personas, que alcanzan el 21,7 %, y contra la integridad sexual, con un 20,5 %.
