Lo que debía ser el último paso hacia la residencia permanente en Estados Unidos terminó en una experiencia traumática para Felicitas Lauría, una argentina de 22 años, oriunda de Córdoba, que fue detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en pleno trámite migratorio. Tras pasar diez días privada de la libertad, quedó en libertad bajo fianza, aunque aún enfrenta un posible proceso de deportación.
La joven había llegado a Estados Unidos en 2023 bajo el programa Au Pair, que le permitió residir legalmente en el país mientras trabajaba como niñera. Su visa tenía vigencia hasta el 12 de marzo de 2025. Durante su estadía conoció a Marcus, un ciudadano estadounidense que trabajaba en un bar. La relación avanzó rápidamente: comenzaron a convivir y, en febrero de 2025, decidieron casarse y proyectar su vida juntos en California.
Luego de la boda, y asesorada por un abogado, Felicitas inició el proceso de ajuste de estatus migratorio para obtener la residencia permanente. Presentó la documentación correspondiente, realizó la toma de datos biométricos y en septiembre recibió un permiso de trabajo, lo que le permitió cambiar de empleo. El último requisito era la entrevista conyugal, programada para el 25 de noviembre.
Ese día, todo cambió. Durante la entrevista, los agentes le preguntaron si su visa estaba vencida. Felicitas respondió que sí, pero aclaró que se encontraba bajo un proceso de ajuste de estatus en trámite y con permiso laboral vigente. A pesar de ello, los agentes del ICE decidieron detenerla en el acto.
Sus pertenencias fueron entregadas a su esposo y ella fue trasladada a una comisaría del centro de San Diego. Según relató su madre, Mariana Lozita, la joven permaneció detenida en condiciones extremas y humillantes.
“Le pusieron una cadena desde los pies hasta la cintura y también en las manos. Durante 48 horas no se la sacaron ni siquiera para ir al baño”, denunció.
La madre aseguró que Felicitas atravesó días de profundo sufrimiento: “Lloraba sin parar, no podía dormir, tenía frío porque estaba con ropa de verano y sentía náuseas porque casi no podía comer”. Además, explicó que no le permitieron acceder a su medicación para la tiroides ni usar sus lentes, pese a su miopía.
Tras diez días detenida, la joven recuperó la libertad luego de pagar una fianza de 1.500 dólares. En un primer momento le colocaron una tobillera electrónica, que luego fue retirada tras presentar un certificado médico por las lesiones que le provocaba.
Ahora, Felicitas aguarda una audiencia clave: el 11 de marzo de 2026 se definirá su situación migratoria. Mientras tanto, su abogado trabaja para intentar adelantar la fecha y evitar la deportación. El caso generó preocupación y volvió a poner el foco sobre el endurecimiento de los controles migratorios en Estados Unidos.
