La Dirección General Impositiva (DGI) dio un nuevo paso en la investigación contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) al ampliar este jueves la denuncia penal por presunta apropiación indebida de tributos y contribuciones a la seguridad social. Según la presentación judicial, el monto bajo sospecha asciende ahora a casi $12 mil millones, correspondientes a los períodos comprendidos entre 2024 y 2025.
El escrito fue presentado por Matías Alejo Gentile Brezigar en representación de la DGI y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), y quedó radicado ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 5, Secretaría N.º 10. De esta manera, se amplía la denuncia original ingresada el viernes pasado, que ya había puesto bajo la lupa el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia.
De acuerdo con el nuevo documento incorporado al expediente CPE 1182/2025, la AFA habría retenido impuestos y aportes previsionales que luego no fueron depositados dentro del plazo legal de 30 días desde su vencimiento. En concreto, se investigan irregularidades en los períodos tributarios 03/2024 a 05/2024 y 07/2024 a 07/2025, y en los períodos previsionales 03/2024 a 09/2024, por un monto total estimado en $11.759.643.331,62.
La denuncia sostiene que estas conductas podrían encuadrarse en la figura penal de apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, contemplada en la Ley 27.430, norma sancionada en 2017 que introdujo cambios sustanciales en el régimen tributario argentino y estableció nuevas obligaciones para asociaciones civiles y entidades deportivas.
En el escrito, ARCA remarca que la AFA se encuentra inscripta como asociación civil dedicada a “Servicios de asociaciones NCP” y que no registra antecedentes penales previos en los sistemas de seguimiento de la DGI. No obstante, se señala como responsable principal a Claudio Fabián Tapia, en su carácter de presidente de la entidad, agente de retención y administrador de la clave fiscal.
Desde el organismo recaudador sostienen que se verifican los elementos centrales del tipo penal: la retención efectiva de los fondos, la capacidad económica de la entidad para realizar el depósito y la omisión del cumplimiento dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente.
La causa pone en evidencia la tensión existente entre la necesidad de garantizar la transparencia y el cumplimiento fiscal en instituciones de alto impacto social, como la AFA, y la complejidad que implica fiscalizar estructuras con múltiples fuentes de ingresos y operaciones de gran volumen económico. En ese sentido, la intervención de ARCA refuerza la relevancia institucional del caso, que podría tener derivaciones tanto en el plano penal económico como en la imagen pública del fútbol argentino.
Por último, la denuncia subraya que la presunta evasión afecta de manera directa al Estado nacional, ya que el gasto público depende de la recaudación tributaria. Según se advierte en la presentación, la omisión dolosa en el depósito de estos fondos compromete recursos esenciales para el cumplimiento de las funciones básicas del Estado.
