Desde mayo de 2025 que la tensión es notoria en Amaicha del Valle. Más precisamente, por el enfrentamiento entre el actual comisionado comunal del pueblo, Paul Caillou, y parte de la Comunidad Indígena. Esta historia sumará un nuevo capítulo el próximo fin de semana, cuando la Comunidad trate en asamblea la expulsión de Caillou.
En mayo del año pasado, se realizaron elecciones para renovar autoridades en la comunidad. Los comicios estuvieron marcados por la polémica, y tanto Caillou como Horacio Díaz se proclamaron ganadores. Desde entonces, ambos ostentan el puesto de cacique, y el tema se judicializó por una medida cautelar solicitada por el comisionado comunal y una demanda presentada contra la Comunidad por el propio Caillou.
En ese marco de conflicto legal por la legitimidad de sendas conducciones, Díaz, amparándose en su cargo de cacique y como miembro del Consejo de Ancianos, convocó a una Asamblea Extraordinaria para el próximo domingo a las 11 de la mañana, en la Casa de la Comunidad.
En total, son tres los temas a tratar. En primer lugar, la expulsión de Caillou, a quien se acusa de haber cometido reiteradas faltas contra la Comunidad, contra sus autoridades tradicionales y sus normas de convivencia. Según la convocatoria, el comisionado comunal «atentó contra la unidad, la paz social y la organización ancestral». También se cuestionó el hecho de que un funcionario del Gobierno de la Provincia haya intervenido en la vida de la Comunidad, desconociendo el carácter soberano y la autonomía de la Asamblea como máxima autoridad comunitaria.
El segundo punto a tratar será el rechazo al proceso judicial iniciado por Caillou, ya que, aseguran, pone en peligro la institucionalidad comunitaria y afecta el pleno ejercicio de los derechos colectivos de la Comunidad como Pueblo Originario.
El tercer y último punto será el pedido de levantamiento de la medida cautelar impuesta contra la Comunidad. El texto señala que la medida es injusta, arbitraria y contraria a la organización ancestral, a la voluntad del pueblo y a los derechos constitucionales y convencionales vigentes.
