El centro de detención de migrantes conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en los humedales de los Everglades, Florida, enfrenta una posible clausura tras un fallo judicial. El 22 de agosto de 2025, la jueza federal Kathleen Williams ordenó detener el ingreso de nuevos detenidos y retirar toda la infraestructura adicional instalada en el sitio. La decisión responde a una demanda presentada por grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee, preocupados por el impacto ambiental y humanitario del centro.
La instalación, construida sobre una pista de aterrizaje en el Aeropuerto de Capacitación y Transición de Collier Dade, ha sido objeto de críticas desde su apertura. Legisladores y organizaciones denunciaron condiciones extremas, como calor sofocante, plagas y escasa alimentación para los migrantes detenidos.
El centro está rodeado por el Parque Nacional Everglades, la Reserva Nacional Big Cypress y tierras tribales. La jueza Williams ordenó retirar generadores, cercas, sistemas de gas y residuos en un plazo de 60 días. Según Elise Pautler Bennet, abogada de uno de los grupos demandantes, el fallo representa una victoria para la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales.
Friends of the Everglades, otro de los demandantes, se opuso históricamente a construcciones en esa zona desde 1969. La representante Frederica Wilson celebró la decisión y calificó la instalación como “cruel y destructiva”.
El fallo también expuso la falta de claridad sobre quién opera Alligator Alcatraz. Mientras Florida afirma que lo gestiona bajo acuerdos con ICE, funcionarios federales aseguran que el estado tiene el control operativo. Esta ambigüedad genera dudas sobre la rendición de cuentas y la supervisión del sitio.
El gobernador Ron DeSantis defendió la instalación como una medida temporal ante el aumento de migrantes. Sin embargo, el estado ya anunció que apelará la decisión judicial.
Además del impacto ambiental, persisten denuncias sobre falta de acceso legal para los detenidos y presiones para que se autodeporten. Una segunda demanda en curso aborda estos temas, mientras el futuro de Alligator Alcatraz queda en manos del sistema judicial.
El fallo marca un giro en la política migratoria estatal y podría sentar precedentes sobre el uso de instalaciones temporales en zonas protegidas.
