La financiera Sur Finanzas, vinculada al entorno de Claudio “Chiqui” Tapia, fue allanada por orden del juez federal Luis Armella en el marco de una causa por lavado de dinero. Los procedimientos incluyeron 19 domicilios, oficinas del club Banfield y direcciones relacionadas con fideicomisos en la provincia de Buenos Aires.
Según fuentes judiciales, se sospecha que se armó un fideicomiso para blanquear fondos vinculados a la transferencia del futbolista Agustín Urzi al Fútbol Club Juárez de México.
La investigación apunta a una maniobra que involucró a los directivos Oscar Tucker y Federico José Spinosa, quienes integraron un préstamo de 2 millones de euros con la firma Auriga League S.A. al patrimonio de Banfield sin haberlo devuelto.
Para asegurar el pago, se firmaron dos anexos:
- En febrero de 2023, Auriga obtuvo el 30% del precio neto de la transferencia de Urzi.
- En enero de 2024, se ratificó la participación en futuras transferencias y la garantía de un millón de euros, incluso si la operación no se concretaba.
Posibles maniobras de evasión y blanqueo
La fiscalía considera que Sur Finanzas pudo haber usado el fideicomiso y su plataforma de pagos para colocar ganancias ilícitas generadas por estas operaciones. Se investigan movimientos millonarios de dinero a través de asociaciones civiles y fideicomisos vinculados a varios clubes de fútbol, entre ellos San Lorenzo, Racing, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Morón, Defensores de Glew y Banfield.
La causa también analiza si la financiera evadió impuestos sobre los créditos y débitos bancarios, utilizando cuentas a nombre de personas jurídicas y monotributistas sin capacidad económica, omitiendo cumplir con sus deberes como agente de liquidación del tributo.
La investigación abre un nuevo capítulo en la relación entre el fútbol y las finanzas, con sospechas de maniobras de blanqueo y evasión que involucran a dirigentes, fideicomisos y transferencias de jugadores. El proceso judicial continúa bajo la órbita del juez Armella y podría derivar en imputaciones por lavado de activos y delitos tributarios.
