Una denuncia por cohecho, extorsión y armado de causas contra el jefe de la comisaría de Famaillá derivó en un allanamiento judicial que permitió secuestrar gran cantidad de pruebas, entre ellas más de $8 millones en efectivo hallados en su vivienda.
El caso comenzó el 6 de noviembre de 2024, cuando un grupo de policías irrumpió violentamente en una casa del barrio Nueva Baviera sin exhibir orden judicial. La denunciante relató que los uniformados obligaron a la familia a salir al patio y que uno de ellos manipuló un envoltorio en el baño, lo que fue interpretado como un intento de “plantar pruebas”.
Según la mujer, el comisario le exigió $5 millones para no complicar la situación procesal de su pareja, detenido bajo prisión domiciliaria por narcotráfico. Ante la imposibilidad de reunir esa suma, el jefe policial habría pedido al menos tres millones e insinuado que el detenido debía vender droga para él.
Entrega de dinero y desaparición de un arma
La denunciante aseguró haber entregado parte del dinero directamente al comisario, quien lo ocultó entre sus ropas. En ese momento, también desapareció su pistola registrada Firestorm 380. Días después, relató otro encuentro en la vía pública con el jefe policial, filmado por un testigo, que fue incorporado como prueba junto a audios y capturas de pantalla.
Un año después, el expediente llegó al juez Mario Velázquez, quien consideró que había elementos suficientes para sospechar de un delito. Ordenó un allanamiento amplio en la vivienda del acusado, con secuestro de dispositivos electrónicos, documentación, vehículos y dinero.
La medida, realizada en Concepción con intervención de la Policía Federal, permitió incautar dos notebooks, cinco teléfonos, un CPU, 12 pendrives, un DVR y más de $8 millones en efectivo. La pistola denunciada no fue encontrada.
Investigación en curso
El juez también dispuso un oficio a Whatsapp Inc. para obtener información detallada de los teléfonos del acusado, incluyendo registros de mensajes y direcciones IP. El material fue remitido a la Unidad Fiscal para su análisis.
La causa avanza bajo la hipótesis de una red de corrupción policial. Hasta el momento, el Ministerio de Seguridad de Tucumán no realizó declaraciones públicas sobre el caso.
