El Ministerio de Salud, mediante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), aceleró el cierre de entidades de medicina privada. La resolución dictada este jueves eliminó a 13 firmas bajo el argumento de que no cumplen con los requisitos de la Ley 26.682. Según el organismo técnico, estas empresas operaban sin afiliados o con documentación incompleta, catalogándolas como entidades «fantasma» que solo existían en los papeles.
La lista de las empresas eliminadas por resolución
La medida administrativa, firmada por la secretaria general Silvia Noemí Viazzi, recae sobre las siguientes firmas:
- Empresas de salud: Codime S.A., Mapfre Salud S.A., Sociedad Médica Universitaria S.A., Carra Salud S.A., Huinca Salud y Rescate Centro S.A.
- Servicios de emergencia: Emergencia Río Cuarto (Aspurc), Emergencias Médicas Punilla S.A. y Emergencia Cardio Asistencial S.A.
- Grupos y obras sociales: Grupo Gerenciador G4 S.A., Pangea S.A., Obra Social del Personal de la Industria Lechera (Atilra) y Armiento S.A. (Grupo A Mano).
Con esta disposición, el número de empresas dadas de baja asciende a 152 desde que se inició la actual gestión. Solo en enero, la purga ya alcanzó a 40 entidades, incluyendo mutuales, cooperativas y centros odontológicos.
Falta de acreditación y registros provisorios
El Gobierno justificó el recorte señalando que muchas de estas firmas contaban con inscripciones provisorias que nunca fueron regularizadas. El proceso de auditoría detectó que no prestaban servicios efectivos ni contaban con la estructura mínima para garantizar prestaciones de calidad. Sin embargo, desde el sector se observa con atención el avance de estas cancelaciones masivas que reducen drásticamente la oferta de agentes de salud registrados.
Incertidumbre para los afiliados registrados
Si bien la resolución funciona como una notificación formal, el impacto real sobre los usuarios depende de la situación particular de cada padrón. En los casos donde se detecten afiliados activos, la Superintendencia deberá intervenir para garantizar la continuidad de la atención médica. El objetivo del reordenamiento es que los beneficiarios sean absorbidos por empresas que sí cumplan con las exigencias legales, aunque esto implique un traslado forzoso de su cobertura original.
