La Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) lanzó una advertencia formal al municipio de San Miguel de Tucumán: el sistema de transporte público atraviesa una crisis terminal. En una nota enviada a la intendenta Rossana Chahla, los empresarios denunciaron incumplimientos normativos, falta de controles al transporte ilegal y tarifas arbitrarias que no reflejan los costos reales de operación.
El vicepresidente Jorge Berretta y el secretario César Atim firmaron el documento, acompañado por un acta de asamblea que autoriza iniciar acciones legales contra funcionarios municipales. Entre los reclamos destacan:
- Tarifas desconectadas de la realidad económica, fijadas sin estructura técnica ni reconocimiento de costos operativos.
- Proliferación de transporte ilegal como Uber, DiDi y moto-taxis, sin fiscalización ni sanciones, pese a ordenanzas vigentes que los prohíben.
- Gratuidades impuestas sin compensación económica, como boletos estudiantiles y para jubilados.
- Sistema SUBE obligatorio, que afecta el flujo de caja diario.
- Congestión en el casco céntrico, por falta de controles en carriles exclusivos.
- Ausencia de concesiones vigentes, lo que impide acceder a créditos para renovar la flota.
Los empresarios propusieron implementar un modelo de pago por kilómetro recorrido, que permitiría al municipio garantizar recorridos, frecuencias y calidad, mientras las empresas recibirían una retribución basada en costos reales, aisladas de la evasión y las tarifas no rentables.
Los empresarios del transporte sostienen que están en una «crisis terminal».
Además, solicitaron una reunión urgente con la intendenta y pidieron que se instruya a las áreas técnicas y a la Universidad para iniciar estudios de factibilidad.
