La avanzada del Gobierno Nacional contra la prensa independiente sumó un nuevo y preocupante capítulo. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifestó su profunda inquietud por la creación de la «Oficina de Respuesta Oficial» en la red social X. Según la entidad, esta herramienta estatal pretende erigirse como un tribunal de la verdad para disciplinar voces críticas.
Desde el organismo que agrupa a los medios del país, aclararon que los gobiernos tienen derecho a comunicar sus actos. Sin embargo, denunciaron que el peligro real radica en la dinámica acusatoria y estigmatizante que se le asigna a esta oficina. El objetivo oficial es señalar supuestas «operaciones mediáticas», una práctica que recuerda a los periodos más oscuros del control de contenidos.
El Estado no es el dueño de la verdad
ADEPA fue contundente al cuestionar la lógica de esta nueva dependencia oficialista. Según explicaron, la intención de «desmentir» parte del supuesto de que el periodismo miente de manera deliberada. Por el contrario, la entidad recordó que el Estado es simplemente una fuente más de información y no el árbitro de la verdad pública.
Además, advirtieron que un organismo estatal de este tipo, mal utilizado, se convierte rápidamente en un mecanismo de vigilancia. Por esta razón, existe el riesgo de que la oficina funcione para estigmatizar a los cronistas que investigan al poder. Este tipo de herramientas suelen derivar en un disciplinamiento indirecto de la opinión pública, limitando el debate democrático.
Vigilancia selectiva y perfiles falsos
Otro punto crítico del comunicado resalta la hipocresía en la presentación del organismo. El Gobierno apunta exclusivamente contra la actividad periodística y las «operaciones de los medios». No obstante, la nueva oficina guarda silencio sobre la enorme cantidad de falsedades y manipulaciones que circulan a través de perfiles falsos y cuentas anónimas en redes sociales.
Por último, ADEPA recordó que los medios de comunicación basan su función social en la confianza de la ciudadanía. En consecuencia, son las propias personas quienes deben juzgar la confiabilidad de la información. El intento del Ejecutivo por controlar el relato oficialista busca, en última instancia, socavar la capacidad de la gente para formarse una opinión propia frente a la realidad del país.
