Este lunes 18 de agosto, la Justicia de Tucumán resolvió extender por 30 días la investigación penal preparatoria (IPP) contra un subcomisario acusado de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La medida también incluye la prórroga de las medidas de coerción de menor intensidad.
La causa está a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Fiscal, representada en la audiencia por la auxiliar de fiscal Brenda Deroy, en nombre de la titular Mariana Rivadeneira. La jueza interviniente aceptó el pedido de la fiscalía luego de rechazar un convenio de juicio abreviado presentado previamente.
Según la teoría del caso, el hecho ocurrió el 4 de enero a las 12:00 horas. El subcomisario, sin autorización judicial, retiró de su celda a un detenido con prisión preventiva y lo trasladó en su vehículo particular. En el libro de novedades asentó que lo llevaba a un centro asistencial, sin especificar motivos ni destino.
Sin embargo, se comprobó que el detenido nunca ingresó a ningún nosocomio. En cambio, fue llevado al domicilio de un hombre con quien tenía prohibido mantener contacto, por estar vinculado a otra causa penal. Este accionar habría constituido un claro abuso de autoridad, fuera del control judicial.
Durante la audiencia, la fiscalía solicitó la prórroga de la IPP por 30 días. La jueza resolvió hacer lugar al pedido, permitiendo que la investigación continúe bajo las medidas de coerción vigentes.
Además, el rechazo del juicio abreviado indica que la causa seguirá su curso ordinario, con nuevas diligencias que podrían esclarecer el accionar del subcomisario. Por otro lado, se espera que en este nuevo plazo se definan posibles imputaciones adicionales o se avance hacia una eventual elevación a juicio.
