El Ministerio Fiscal logró la restitución efectiva de una vivienda ubicada en el barrio Las Palmeras, en el departamento Cruz Alta, tras comprobarse una ocupación ilegítima que había dejado a una familia fuera de su hogar. La intervención estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, conducida por el fiscal Diego López Ávila, con la actuación de la auxiliar de fiscal Carolina Brito Ledesma.
La causa se inició a partir de una denuncia que advertía sobre el ingreso sin autorización de una mujer a una vivienda que se encontraba habitada. Según la investigación, la imputada habría aprovechado una situación de vulnerabilidad de quien había sido su pareja para ocupar el inmueble de manera ilegítima, obligando al damnificado a retirarse junto a su concubina y su hija menor.
De acuerdo a lo reconstruido por la fiscalía, la vivienda había sido adquirida recientemente con el objetivo de que allí se instalara una joven familia. El mismo día de la compra, comenzaron a ocupar el inmueble de forma pacífica. Sin embargo, semanas después y durante la noche, la mujer ingresó sin consentimiento al domicilio mientras el hombre se encontraba dentro de una de las habitaciones y, al no ser advertida, decidió permanecer en el lugar contra la voluntad del poseedor legítimo.
Ante el temor de que la situación derivara en un conflicto mayor, el damnificado optó por abandonar la vivienda junto a su familia, quedando privados del uso y goce del inmueble durante el tiempo que duró la ocupación. Desde entonces, se vieron obligados a reorganizar su vida mientras avanzaba la investigación judicial.
Tras la audiencia correspondiente, el juzgado formalizó la investigación y avaló la teoría del caso presentada por el Ministerio Fiscal. Como resultado, se ordenó la restitución del inmueble, medida que ya fue concretada, permitiendo que la vivienda vuelva a manos de quien ejercía la posesión legítima.
En cuanto a la persona imputada, el magistrado dispuso la aplicación de medidas de menor intensidad, entre ellas el compromiso de someterse al proceso, fijar domicilio, presentarse ante las citaciones judiciales y abstenerse de realizar acciones que puedan entorpecer la investigación. Además, se dictó una prohibición de acercamiento al inmueble y se estableció el respeto al normal desarrollo del trámite judicial.
